Respecto a los dichos del profesor e historiador Gabriel Salazar

El mundo intelectual, académico y de las izquierdas en general, se ha remecido con las declaraciones ¿Desafortunadas? Del Premio Nacional de Historia y reconocido académico Gabriel Salazar, quien calificara como “estupidez” el actuar de académicos de la Universidad de Chile acusados de acoso sexual contra sus alumnas; de “desproporcionada” la sanción de expulsarlos de sus cargos tras la comprobación realizada por un comité encargado de la investigación del caso; “exagerada” la postura del estudiantado; una “psicosis” la reacción masiva en redes sociales virtuales; y de “pintiparada” a una de las víctimas y denunciantes, aludiendo a un supuesto estado psicológico que no se condeciría con la afectación esperada.

Muchas han sido las reacciones, que se desplazan entre la sorpresa, la indiferencia, la indignación, el ninguneo al académico o al contario, una defensa acérrima. Y es que es bien sabido que Gabriel Salazar es considerado uno de los intelectuales más relevantes y respetados en el ambiente académico por su prolífica obra crítica, que en sentido benjaminiano devela a contrapelo de la historia, las contradicciones que oculta la historiografía oficial chilena, poniendo de relevo junto a los aspectos tradicionales, tales como: la economía, las estructuras de poder o los hitos históricos constituyentes del estado de cosas actual, algo que los historiadores en general menosprecian y omiten, a decir, la voz del subalterno.

Ciertamente, lo garrafal de su error no implica en ningún caso deslegitimar su obra ni su brillante y lúcido trabajo académico en general, no obstante, tampoco podemos hacer la vista gorda en virtud de su prestigio y darle un trato de vaca sagrada incriticable. Es justamente debido a ese bien ganado prestigio que debemos ser muy cuidadosos en instarle a revisar esa postura sin dejar pasar lo que podría constituirse en un discurso anquilosado y mucho más difícil de remover. Si Salazar lo dijo, cualquiera queda automáticamente autorizado para reproducirlo. De ahí el peligro de dejar pasar. De ahí la insistencia en ser aún más rigurosos todavía.

Pero, ¿En qué consiste exactamente su error?

Una vez, charlando entre los pasillo de ARCIS, un amigo sociólogo me dijo, frente a la formulación de un seminario de Género y Feminismo propuesta por un profesor, del cual se dice que es homosexual -cuestión que no me consta ni incumbe en lo más mínimo- que: “ah, es que este gallo hizo ese seminario porque es maricón”. Bien sabido es que en ARCIS, un espacio reconocidamente crítico y de izquierda, lo preponderante en términos de contenido ha sido el marxismo y la lucha de clases y que temas como el género y el feminismo, si bien han sido profundamente tratados, no ha sido por el cuerpo académico general, sino por intelectuales de la talla de Nelly Richard o en su momento, María Emilia Tijoux, entre otras. Pero muy escasa vez, por hombres que forman parte de la elite académica. Este es precisamente el ambiente que fue propio a Salazar, quien al igual que Tijoux, fuera despedido en 2006 tras apoyar las demandas de los estudiantes en la histórica toma.

Mi respuesta a este colega fue. “¿O sea que tú eres marxista solo porque no tienes una empresa y no eres dueño de los medios de producción? Y yo que pensaba que te interesaba la justicia”. ¿A dónde me dirijo con esta mala anécdota? Se preguntará usted, o ¿Qué relación tiene con las afirmaciones de Gabriel Salazar? Y tiene todo que ver. El mundo de la academia constituye un campo de poder discursivo, que no solo se orienta en la dirección de dirimir en el posicionamiento del paradigma económico-político socialista/capitalista (si de ciencias sociales y humanistas hablamos), sino que se articula como un campo de poder constituido por una élite intelectual donde se dirime cuáles son las temáticas relevantes a ser consideradas como eje de problematización y cuáles quedan subordinadas a un lugar de menor relevancia, como asuntos menores, tanto en su impacto como significancia y al mismo tiempo, donde se define a los sujetos que están autorizados para participar de dichas discusiones y del establecimiento de esos clivajes. Dicho de otro modo, la academia está constituida por una élite que define quién puede hablar y de qué se puede hablar o que es relevante de ser hablado.

Para el caso de la izquierda chilena, esto ha tenido consecuencias graves, de modo que, muy malamente podrían dirigir esta crítica a aquella intelectualidad que deviene del academicismo de derecha, puesto que en ambos mundos, los sujetos autorizados para hablar siguen siendo los mismos y los temas relevantes también. A saber, hombres, blancos, provenientes de una élite cultural, intelectual y muchas veces también de clase social, por decir lo menos, acomodada. O, para el caso específico de la izquierda, posicionados por sus respectivas militancias políticas durante la dictadura o previamente a ella, lo cual resulta aún más criticable, especialmente pensando en la desastrosa y lamentable debacle del proyecto arciano. Desde dónde además, muy poco podrían criticar el cuoteo político partidista de la ex Concertación y hoy, Nueva Mayoría.

En este ordenamiento dado por dichas estructuras de poder, las problemáticas asociadas a la subordinación de la mujer, de las disidencias sexuales, de la población negra y la población indígena, han quedado subordinadas en relevancia a aquellas concernientes a la clase, dejando a estos sujetos históricos sometidos a una dolorosa doble subordinación. Qué cosas ¿No? Como si no nos bastara estar ya doblemente subordinadas por ser mujeres proletarias, o proletarios negros, o campesinos pobre, o mapuches pobres, etc. Y donde siempre puede ser peor, como la subordinación de una transexual, negra, pobre e inmigrante.

En esta dirección también resulta llamativo que esta élite intelectual, no sólo no haya sido capaz de reconocer la debida relevancia a cada uno de estos clivajes de dominación estructurales, sino que no haya sido capaz de poner en un cuestionamiento serio la legitimidad de los discursos preminentemente eurocéntricos que organizan el estatus del pensamiento académico e intelectual en el que han quedado acomodados para su reproducción. Es evidente que un giro decolonialista en las aulas obligaría a re pensar la relevancia relativa de cada uno de estos clivajes y sujetos políticos e históricos.

Es debido a todos estos factores que la respuesta de Salazar puede que resulte más bien acogida que criticada entre ciertos circuitos, al fin y al cabo, se basa más bien en una defensa gremial. Se trata de un colega, tal vez de un amigo, aquel que pierde su prestigio ganado con dificultad y sacrificio. No obstante, resulta inconcebible, para quienes no gozamos de tal condición privilegiada  (guste o no, se trata de un privilegio que hay que reconocer y auto vigilar) que una situación de tal gravedad sea minimizada al grado de referirse en términos tan degradantes y peyorativos, infantilizantes por cierto, en vez de hacer un análisis exhaustivo que considere las injerencias que en este problema tiene las estructuras de poder y las relaciones de poder que se establecen por una parte entre profesor y alumno/a o estudiante y, por otra, entre hombre y mujer. Suficientes como para que la denuncia de una estudiante sola nunca haya bastado para generar alguna sanción en estas prácticas, -que como bien reconoce, son del todo cotidianas y extendidas dentro del mundo académico- o algún cambio sustantivo en la dirección de soluciones efectivas para la evitación de tales comportamientos abusivos como práctica legítima, invisibilizada, escondida e inclusive, protegida institucionalmente, amparando la impunidad.

Molesta que en su análisis castigue a la reacción estudiantil, cuando es justamente debido a todo lo anterior que no les ha quedado otra alternativa que alzar la voz en su conjunto, como sujeto político, para que así y solo así, este tema adquiriera relevancia. Sin duda es lamentable la situación que tendrán que enfrentar ambos docentes tras su destitución de cargo y sus nombres enlodados, pero mucho más lamentable es que haya tenido que exponerse en prensa el caso y sus nombres para que la institución se hiciera cargo de lo que siempre debieron cautelar o que desde un principio, hayan actuado bajo algún supuesto de superioridad, derecho, impunidad o privilegio que les autorizaba a un abuso sobre estas jóvenes. Esos mismos supuestos que a usted le hacen pensar la acción como una simple estupidez.

El miedo en la población latinoamericana, la secuela del autoritarismo y de la amenaza política como recurso docilizante.

Es de conocimiento popular, que en los circos donde hay elefantes, estos generalmente están atados al piso de una de sus patas, con apenas una cuerda o una pequeña cadena unida a una estaca y que al animal le bastaría solo un jalón para liberarse de aquella, sin embargo no lo hace y permanece dócil y anclado.

La hazaña del domador o dueño del circo, consiste en atarlo desde que es apenas una cría, con cadenas lo suficientemente fuertes como para resistir todos sus intentos de zafar. El elefante pequeño intenta una y otra vez su huida, jala sin resultado, hasta que por fin se cansa y asumiendo que ya no podrá lograrlo, deja de intentar. Desde ese punto, el amo, ya sabe que puede atarle con cualquier cuerda que cumpla la función de “recordarle” al animal, que no puede huir.

Pablo Neruda nos dice en su Canto General, que “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”[1], en otras palabras, según lo expresado por León Rozitchner “La represión reprime lo que ya emergió, pero lo reprimido, por ser pulsional e inherente a la vida misma no puede ser nunca doblegado definitivamente: constituye la base insublimable de la humanidad. Retorna una  y otra vez mientras haya vida.”[2]

La historia nos muestra, con ejemplos como la revolución francesa o las conquistas de independencia en distintos países del orbe, incluyendo gran parte de Latinoamérica, como, independientemente de los resultados muy a posteriori, las grandes revoluciones sociopolíticas, han sido promovidas y batalladas por los pueblos, de modo que, aunque no toda lucha conduce a una revolución, si toda revolución, ha nacido y es producto necesariamente de la lucha.

Sin embargo, la historia también, aunque en forma soterrada y poco detallada, nos entrega información acerca del desenvolvimiento de los hechos políticos, sociales y económicos durante los últimos centenarios en América Latina, luego de estas independencias alcanzadas. Y si bien, las fuentes más oficialistas destacan los acontecimientos históricos que convienen más a sus propósitos, aun contamos con el registro histórico de autores de la talla de Eduardo Galeano u otros, que rescatan los crudos episodios tan poco contados en la historia oficial y que tanto han colmado de dolor a estos maltratados pueblos. Según sus palabras: “La lluvia que irriga a los centros de poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes -dominantes hacia adentro, dominadas hacia afuera- es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga.”[3]

En ellos, da cuenta de los reiterados e incontables alzamientos y movimientos, protagonizados por obreros, mineros, indígenas, estudiantes, jornaleros, campesinado, mujeres, etc. Movimientos sociales que de común, comparten motivos de: injustica, pobreza y explotación y que de resultado también tienen algo en común: el fracaso ligado a castigos de toda índole, a la no obtención de lo reclamado y a un continum de sometimiento.

También hay de común en las historias de estos pueblos, una combinación paradigmática, entre una pretensión de modernidad y la conservación de estilos sociopolíticos correspondientes a un tipo más bien monárquico, heredado y adaptado en pequeños grupos de poder, en manos del mestizaje de ambos mundos, a decir, el mundo occidental y el mundo “indígena y salvaje” colonizado.

Bajo esta hibridación entre ambas concepciones, que por una parte movía y aun mueve, a sus beneficiarios herederos, a modalidades políticas orientadas hacia la conservación tanto de los privilegios, como de las estructuras del viejo orden y el poder. Al mismo tiempo que, la necesidad de inserción en la globalidad y sus ventajas los impulsa a la generación de cambios graduales que, al incorporar ciertas tecnologías, metodologías y nociones políticas y sociales, van acercándoles a mejoras en las escalas de los estándares mundiales; las sociedades latinoamericanas comienzan a generar particularidades en sus sistemas políticos, que los diferencian del resto del mundo y que los sitúa en ciertas condiciones diferenciables a distintos niveles.

En términos de estructura política, Latinoamérica se destaca en un largo periodo por la sucesión de dictaduras, golpes de Estado, periodos acéfalos, guerras civiles, que se resumen en un solo epíteto: Autoritarismo. El periodo de los autoritarismos en Latinoamérica, que tuvo su clímax en la década del 70, si se caracterizó por un tipo de acciones políticas, a nivel de los mandos superiores, cargada de juego sucio y un manejo internacional cruzado por presiones, negociaciones e intervencionismo desde las hegemonías políticas, mucho más reconocible es el alto grado de violencia ejercida en contra de la sociedad civil, especialmente en los estratos más vulnerables.

El periodo de los autoritarismos latinoamericanos, arrasó con una creciente fuerza contestataria que se articulaba en los distintos países y desde distintas fuentes discursivas y movimentistas de los 60. Así, tanto movimientos de obreros, de campesinado, de estudiantes, de mujeres, de gremios, de partidos políticos específicos ligados a la lucha social, vieron desmoronarse en cosa de unos instantes, construcciones organizativas, políticas y sociales, que quedaron reducidas a la clandestinidad.

La lucha organizada post golpes de Estado, si bien ha sido importantísima en el rol que les cabe como ejes fundamentales de las movilizaciones que incidieron en cada uno de los casos, en los respectivos retornos a la democracia, también es cierto que vieron profusamente mermada su capacidad convocante y aglutinante, para el ejercicio de la resistencia o de la lucha contra el régimen. Esto, debido por una parte, a la eliminación sistemática de sus miembros, en los proceso de persecución, prisión, tortura, exilio, desaparición, eliminación de identidad y muerte, ya sea en forma de masacre o individualmente. Pero también, por medio de la represión y la amenaza permanente, que conduce en cada caso al asentamiento de un estado constante de miedo, alerta e incertidumbre.

Los distintos países, puestos en “Estado de excepción” bajo la cautela de los grupos al mando, elaboran toda clase de discursos legitimatorios para tales distinciones y sus consecuentes acciones represivas y de control social. Uno de los más recurrentes discursos es aquel del orden, sin embargo no es el único ni tampoco el único que sea eficaz para el convencimiento de amplios sectores de la población civil y de distintos segmentos políticos, que ven en estos, la posibilidad de un periodo de calma, al dotarles de ciertas garantías ciudadanas a cambio de obediencia y docilidad frente a sus dictámenes.

Estos dictámenes, cargados de ideología que legitime sus acciones, están orientados en su mayoría, a detectar, perseguir y suprimir toda diferencia. Al respecto, Lechner afirma que: “…el nuevo autoritarismo se constituye como una experiencia compartida: experiencia de una violencia sistemática, de un orden programáticamente autoritario y excluyente. El objetivo de los golpes no es tanto el derrocamiento de determinado gobierno como la fundación de un nuevo orden. Se busca imponer una nueva normatividad y normalidad mediante procedimientos propios de una “lógica de la guerra”.” [4]

Ahora, si se toma en consideración la tremenda carga histórica que arrastran, los distintos pueblos que protagonizan estas verdaderas tragedias sociopolíticas, no es extraño que estas acciones represivas pasen a constituir una parte más de esta larga data del derrotero histórico que les precede, más que un proceso específico. Y si bien, una primera mirada a estas consecuencias indicaría todo lo contrario, es cosa de observar la perdurabilidad con que el miedo se ha instaurado en las distintas sociedades latinoamericanas, con sus respectivos pueblos, estratos, segmentos y toda clase de grupos, de modo que aun ya pasadas un par de décadas, desde los respectivos retornos a la democracia, incluso más allá de los periodos de transición, sea tan difícil que la sociedad civil se empodere en su rol político.

Según Lechner, “El debate sobre la democracia, al igual que gran parte del pensamiento político moderno, gira en torno a la seguridad; o sea, responde a miedos sociales. Del miedo a la guerra y la violencia, al desamparo y la miseria, surgen las tareas de la política: asegurar la paz, garantizar la seguridad física y jurídica (Estado de derecho) y promover la seguridad económica (Estado de bienestar).”[5] Sin embargo, aunque el enfoque aquí se sitúa en la forma generalizada con que se relacionan las sociedades y sus respectivos Estados, en base a la obtención de grados de certidumbre frente a la amenaza de estas distintas índoles mencionadas, también es cierto que en la especificidad del caso latinoamericano, esta tendencia a una mayor sumisión a propósito de esta necesidad de certidumbre y orden, ha llegado a niveles que podrían considerarse desastrosos en términos del tipo de democracia construida y del tipo de sujeto político en que se ha convertido el integrante promedio de la sociedad civil.

Desde este análisis y desde lo expuesto por el mismo Lechner, hay una diferencia entre necesidad de certidumbre en base al miedo y el miedo propiamente tal, aunque más que estar ligados, agregaría que aunque la base deficitaria del orden y funcionalidad política esté dado por dicha incertidumbre basada en el miedo, este puede estar en forma latente e inexplorada produciendo esta necesidad en los sujetos; mientras que el miedo manifiesto y evidente, que se presenta a un nivel más consciente, cuando se experimenta en torno a la vivencia de la amenaza política o de la posibilidad de ella, se comporta como un factor docilizante frente a la amenaza y a los posibles proveedores de dicha certidumbre.

Lechner, también expone frente a esta problemática, un cierto efecto paradojal que se produce en la relación de los sujetos frente a esta necesidad de certidumbre exacerbada, como consecuencia de la amenaza política producida en los procesos autoritarios, respecto de la autoridad y del tipo de proyecto político y ligada a una “cultura del miedo”.”Vivimos una cultura del miedo. Y esta herencia  persistirá, aunque desaparezca el régimen autoritario. (…) La dictadura agudiza una demanda de seguridad que a su vez nutre el deseo de una “mano dura”.”[6]

El mecanismo bajo el cual es posible tal nivel de necesidad de control a propósito de esta búsqueda de certidumbre, consistiría en su legitimación mediante la definición de un enemigo común como eje de malignidad, en torno del cual estar unidos para su ataque y exterminio. Así, “Circunscribiendo el peligro de un objeto visible, claramente identificable y oficialmente sancionado como “mal”, el temor se vuelve controlable. La operación es simple y conocida. Las diferencias son transformadas en “desviación” y “subversión” y sometidas a un proceso de “normalización”.”[7]

En ese sentido, Lechner destaca la importancia analítica, de que los índices de temor a la delincuencia en dictadura, en el caso chileno; sea superior al miedo a ser afectado por la amenaza política del mismo autoritarismo, en cualquiera de sus formas. Y bajo su perspectiva, “…el miedo explícito a la delincuencia, no es más que un modo inofensivo de concebir y expresar otros miedos silenciados…”[8]

La gravedad de esta forma de relacionarse con el miedo y la necesidad de certidumbre que se genera, sostiene y reproduce como legitimación, es que: “La cultura del miedo es no solo el producto del autoritarismo, sino, simultáneamente, la condición de su perpetuación.”[9]

Ahora, también desde otra perspectiva, el tema del miedo generado bajo estas condiciones en América Latina en los periodos de autoritarismo, como una especie de  continuidad histórica de las formas de hacer política y sus efectos, es abordado por la psicología de manos de Elizabeth Lillo y María Isabel Castillo de un modo aún más drástico. Según ellas, “Desde tiempos ancestrales, en América Latina la opresión la violencia represiva y el miedo han sido experiencias comunes a los indígenas, los campesinos, los mineros y los pobres. Las dictaduras de seguridad nacional modificaron la representación colectiva de la violencia política ejerciendo la presión de acuerdo a criterios ideológicos, sin hacer distinción de clases ni de grupos sociales. Este tipo de represión política ha privilegiado el uso de métodos psicológicos, métodos invisibles, en el control político de una sociedad determinada.”[10]

Desde esta propuesta teórica formulada por estas autoras chilenas, a propósito de los efectos de la última dictadura en el comportamiento posterior de sus víctimas, resulta interesante la descripción que hacen en torno al concepto de miedo, por cuanto este, por definición estaría circunscrito a un proceso acotado y específico, respecto de una amenaza interna o externa, con consecuencias de reacción, de las mismas características. En vez, en una especie de contrasentido fundamental, el miedo se ha vuelto crónico, integrado en forma permanente en la cotidianeidad de los sujetos.

Las consecuencias de este miedo crónico son múltiples. Por una parte, las formas de relación entre los sujetos cambian. Según lo expuesto por ambas autoras: “…cuando miles de sujetos son amenazados simultáneamente dentro de un determinado régimen político, la amenaza y el miedo caracterizan las relaciones sociales, incidiendo sobre la conciencia y la conducta de los sujetos. La vida cotidiana se transforma. El ser humano se hace vulnerable.”[11]

En este sentido, por ejemplo, las autoras exponen la aparición del fenómeno que consiste en la percepción de una idea de lo siniestro en la política, a raíz del miedo crónico establecido por la amenaza.

“Freud definió el carácter de lo siniestro, lo ominoso, haciendo referencia a la pérdida de los límites entre la realidad y la fantasía. La tortura, la desaparición de personas, las ejecuciones o asesinatos, como otras violaciones de derechos humanos son una expresión de lo ominoso en las relacione sociales, ya que la realidad sobrepasó los límites que la fantasía más perversa jamás pudo imaginar.”[12]

Por otra parte, si bien, el miedo producido por la amenaza política,  vinculado a los procesos de terrorismo de estado y sus efectos, han sido escasamente abordados; no solo no significa que los casos sean pocos, sino que da cuenta, justamente de lo contrario, según las autoras. Por lo que citan principalmente a escritores y poetas que dan cuanta de esta realidad subjetiva por montones, como este fragmento del poema de Julia Esquivel, basado en la violencia instaurada en el modo de hacer política en Guatemala.

“No tengo miedo a la muerte

conozco muy bien

su corredor oscuro y frio

que conduce a la vida

(…)

 

Tengo miedo de mi miedo

y aun más del miedo de los otros

que no saben a donde van

y siguen aferrándose

a algo que creen que es la vida

y nosotros sabemos que es la muerte.”[13]

 

Bajo el diagnóstico de las autoras algunas de las consecuencias concretas enunciables a propósito de la amenaza política y su correlato del miedo como un miedo vuelto crónico y cotidiano, serían: la devaluación de la vida humana, la prolongación del miedo producido en el periodo autoritario, en el ámbito nuevo de la paz política con consecuencia de su naturalización como si no estuviera, una estrechez y rigidización del marco general de la vida social que conduce a la polarización y debilitamiento en la autonomía personal y autoconfianza,  entre otros.

En torno a estas consecuencias y a la introyección que el sujeto hace de la represión misma, ya Marcuse decía: “La represión desde fuera, ha sido sostenida por la represión desde dentro, el individuo sin libertad introyecta a sus dominadores y sus mandamientos dentro de sus propio aparato mental. La lucha contra la libertad se reproduce a si misma, en la psique del hombre, como la propia represión del individuo reprimido, y a su vez, su propia represión sostiene a sus dominadores y sus instituciones. Es esta dinámica mental la que Freud revela como la dinámica de la civilización.”[14]

Otros aspectos que las autoras relevan en sus conclusiones y en los cuales profundizan bastante, se orientan a poner en relación los lineamientos morales ligados a la tradición ya estatuidos en estas sociedades, y la huella que las anteriores historias de masacres, asesinatos oficiales y persecuciones ya se habían establecido como forma de ejercer política, para la configuración de un tipo de psique, en la cual el accionar de los autoritarismos se vuelve una continuidad, donde estos se acoplaron a las condiciones históricas de sometimiento respecto al orden establecido, y para la cual, estos logran reforzarla y agudizarla, mediante la metodización sistemática del dominio, basado en la amenaza política reciente.

“El carácter operante de la amenaza se apoyó en aprendizajes histórico-sociales de los sujetos, y se reforzó posteriormente con el manejo de técnicas sofisticadas respecto de los usos psicológicos del terror a través de los medios de comunicación de masas.”[15]

Ahora, si estos efectos son puestos en relación con las nociones de democracia y Estado, más que establecerse una relación de sentido forzada, o de intencionalidad política, fácilmente salta a la vista la forzocidad de su naturalización, como formas de política legítima y de validez universal.

Pensar la relación entre Estado y democracia, de por si implica una alta complejidad que da lugar al menos a unas cuantas reticencias, respecto de 1. La capacidad del Estado como eje democratizador, considerando su exclusión implícita, en el régimen de totalidad, respecto de que se considera o no, como dentro o fuera de la política en su estandarización de formas de hacer. 2. La noción de democracia actual, como mecanismo anulador de la participación política al dejar de ser participativa y volverse completamente nominal en su representatividad. 3. La posibilidad de la existencia del Estado sin algún nivel de democracia y 4. La posibilidad de la existencia de la democracia sin la existencia de un Estado como tal.

Ahora, si esos cuestionamientos por si solos ya son complejos al plantearlos de forma homogénea y abstracta para todo el paradigma moderno occidental, mucho más complejo aun, es pensar estos conceptos en relación con un contexto tan específico, concreto y peculiar como el experienciado en Latinoamérica.

La complejidad por una parte proviene desde los centros de poder y dominación por cuanto estos mismos están en una permanente serie de contradicciones fundamentales, tales como: 1. El hecho de que propongan ideales nacionalistas como modo de  legitimación de su dominio, al mismo tiempo que se enriquecen a costa de explotar lo nacional, orientándose a un servilismo político-económico exterior, en estrecha relación con lo hegemónico. 2. La ambivalencia de una mantención de sistemas tradicionalistas de dominio, fomentados a partir de procesos de modernización carentes de secularización y modernidad ilustrada. 3. El hecho incongruente de que en su participación política, ligada a la construcción de la figura de democracia inclusiva, sean tanto juez y parte en las decisiones que afectan lo nacional, al ser representantes tanto de la esfera de lo público, como de la esfera de lo privado, por cuanto son en cada caso las mismas elites económicas y sociales, las que ocupan los cargos relevantes de la administración del Estado y sus cercanos.

Mayor complejidad aun, si el análisis se elabora desde los sujetos, por cuanto estas consecuencias del miedo han anulado o al menos disminuido exponencialmente la participación de estos, en la formulación y determinación de sus propias vidas, delegando esta responsabilidad, pero también este derecho inalienable, en sujetos pertenecientes a una verdadera elite autodenominada “clase política”, como los apropiados para esa función, desestimando las consecuencias desastrosas implicadas en ello.

La explicación de esto, para redondear, está dada por el acondicionamiento sistemático de sujetos que: 1. A raíz de su miedo reconocido o irreconocido, no sienten deseos de luchar por ideales, o deseándolo no se atreven a hacerlo y en este sentido están paralizados políticamente. 2. A partir de la condición crónica del miedo y la consecuente incapacidad para darse cuenta de ello, trasvasijando su contenido en representaciones de amenaza más amigables en términos de resolutividad válida políticamente, en torno a la búsqueda de certidumbre. 3. En base a la introyección de las ideologías que justifican los medios de dominación, de los cuales son víctimas y bajo los cuales han sido anulados y la consecuente autoreproducción del mismo. 4. A partir de la pérdida de autonomía y autoconfianza, como efecto del miedo crónico y los modos de naturalización de la sumisión y docilidad ante la autoridad y lo dado como orden político y consecuente abuso indiscriminado, ante el cual se responde con una inclinación de hombros.

Básicamente, estamos hablando de sujetos anulados políticamente, que para hablar de una democracia como tal solo podríamos estar refiriéndonos a ellos como los pertenecientes al mundo del oikos de la Grecia clásica, es decir: esclavos. Solo que esto tampoco sería posible, por cuanto los que si participan como sujetos políticos no salieron jamás del mundo de la necesidad del oikos para internarse en el mundo del civitas.

La tarea de la construcción de una verdadera democracia en Latinoamérica y sus pueblos, ante tal reducción de sus sujetos políticos, se pone cuesta arriba. Hacernos cargo de la expresión sintomática del miedo y sus consecuencias, es un paso fundamental, junto al replanteamisnto de un quiénes somos y qué tipo de política es la que queremos para nuestras realidades únicas y complejas, tanto como la idea de si continúa siendo válida para estas realidades, la permanencia de la figura central de un Estado. Pero sin lugar a dudas replantear estos asuntos requiere de voluntad y participación de sujetos más empoderados, con lo que nos vemos medianamente atrapados en una trampa de sentido. Destrabarla es el camino que debemos intentar, de no ser así, permaneceremos al igual que el elefante de circo, anclados a una realidad miserable, pendiendo de una cuerda más imaginaria que real rodeando nuestros tobillos.


[1] Neruda, Pablo.(1950) “Canto general.”

[2] Rozitchner, León. (1991)  Citado en: Lira, Elizabeth. Y Castillo, María Isabel. “Psicología de la amenaza política y del miedo.” Instituto Latinoamericano de salud mental y derechos humanos. Pág. 55.

[3] Galeano, Eduardo. (2006) “Las Venas abiertas de América Latina.” Editorial Pehuén. Santiago de Chile. Pág. 17.

[4] Lechner, Norbert. (1988) “Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política.” FLACSO. Pág. 20.

[5] Ibíd. Pág. 119.

[6] Ibíd. Pág. 88.

[7] Ibíd. Pág. 88-89.

[8] Ibíd. Pág. 89.

[9] Ibíd. Pág. 90.

[10] Lira, Elizabeth. Y Castillo, María Isabel. “Psicología de la amenaza política y del miedo.”  ILAS. Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos. Pág. 7.

[11] Ibíd. Pág. 8.

[12] Ibíd. Pág. 8-9.

[13] Esquivel, Julia. (1981) Citada en: Lira, Elizabeth. Y Castillo, María Isabel. “Psicología de la amenaza política y del miedo.”  ILAS. Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos. Pág. 15.

[14] Marcuse, Herbert. (1984) Citado en: Lira, Elizabeth. Y Castillo, María Isabel. “Psicología de la amenaza política y del miedo.”  ILAS. Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos. Pág. 53.

[15] Lira, Elizabeth. Y Castillo, María Isabel. “Psicología de la amenaza política y del miedo.”  ILAS. Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos. Pág. 231.

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Modelo ISI en Chile: Las condiciones estructurales previas que permitieron su incorporación a los requerimientos mundiales post crisis y la relevancia del sector salitrero.

Introducción.

Con motivo del desastre financiero que en 1929 desplomara las bolsas del mundo, ocasionando la más importante crisis económica de la modernidad, hasta ese momento registrada, en lo que vino a llamarse la depresión del 29, las economías latinoamericanas se vieron forzadas a reconfigurar su modo de insertarse en el entramado de las relaciones económicas internacionales vigentes. Esto, tiene su explicación en la drástica disminución de ingreso de divisas que la exportación de materias primas arrastrara como consecuencia de la misma, tanto por la sostenida baja de precios que arrojaban las bolsas, como por la importante disminución del volumen de compra que las naciones industrializadas comercializaban con sus proveedores tercermundistas[1], cuando “tanto los productos alimenticios como las materias primas disminuyen su importancia en dicho comercio a favor de los manufacturados. Tendencia que se agudizará principalmente, a partir de la segunda guerra mundial.”[2] Si la vieja fórmula del modelo de desarrollo hacia fuera, agro exportador, basada en una extracción (principalmente agrícola-ganadero y minero) de muy bajo costo, que se sustenta en el trabajo intensivo  de una mano de obra barata y la mínima incorporación de tecnología, que en suma, da lugar a una producción absoluta[3], a la formación y prolongación de las oligarquías latinoamericanas y del funcionamiento medianamente estable de los distintos estados nacionales; bajo estas nuevas condiciones toda esta vieja estructura heredada del colonialismo se vuelve obsoleta.

Desde la década del 30 hasta aproximadamente mediados o fines del 60, la nueva panacea económica viene a constituirse en América Latina por la implantación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que como su nombre indica, reemplaza al modelo agro exportador y consiste en el intento de producir internamente en cada país lo que a falta de divisas se deja de importar, generando una industria interna[4], vale decir, un modelo de desarrollo hacia adentro; cuyas ventajas guardan relación con las posibilidades de una mejor inserción en la economía mundial, (en términos externos) que mejore la balanza de pagos y un desarrollo (interno) que implique la ampliación de las clases medias, las mejoras en los procesos de urbanización y en aspectos del desarrollo moderno como las comunicaciones, transporte y uso de tecnologías de diversa índole.

Si bien esta adaptación en la perspectiva de inserción de mercado se da en una lógica de esfuerzo mancomunado entre Estado y capital, donde el papel fundamental le cabe al primero, permitiendo también el surgimiento de las burguesías nacionales, al mismo tiempo que el declive de las oligarquías[5]; la consistencia con que cada estado enfrenta este proceso, depende de múltiples características situacionales y estructurales previas que condicionan la velocidad de respuesta al cambio, las posibilidades internas de ampliación de dicho desarrollo industrial y las capacidades posteriores para enfrentar sus procesos de crisis. Por lo mismo, la magnitud de transformación, en vías de crecimiento y en términos cepalinos, de desarrollo hacia adentro[6], da como resultado un abanico de manifestaciones que responde a la heterogeneidad de condiciones previas. Así por ejemplo, Argentina, México, y especialmente Brasil, son expresiones claras de un éxito sostenido en la incorporación y ampliación de su industria, que debido a sus amplios mercados internos se muestran capaces de absorber su propia producción, sin tener que depender estrictamente de la ampliación de un mercado externo. Al mismo tiempo, países como Guatemala, Honduras, Bolivia, entre otros, presentan serias dificultades domésticas de orden político, económico e incluso social, para incorporarse a la nueva dinámica del continente, por lo que sus resultados redundan en un empobrecimiento agudizado. Y que países como Chile, Colombia y Uruguay, sin destacar como los líderes, logren sortear airosamente el proceso de transformación, solidificando su posición relativa al interior del sector.

Desde esta perspectiva, si bien, Chile no cuenta con los mercados internos necesarios para una gran expansión industrial interna acorde al momento, que absorba su producción y genere un ciclo positivo que estabilice las condiciones internas y externas del estado nación, de todos modos logra sortear con mediana eficacia los efectos nocivos de la crisis y mantener una estabilidad razonable. Esta estabilidad implica como resultado un posicionamiento relativamente alto en la distribución al interior del sector, que favorece sus relaciones externas, tanto políticas como económicas.

En este trabajo se abordará la injerencia de la incorporación de territorios al norte del país, como consecuencia de la guerra del Pacífico en torno a la explotación salitrera y las transformaciones que esta proporcionó desde una perspectiva económica, tanto interna como externa, una perspectiva social y política y la constitución de una estructura particular previa al proceso de la depresión del 29, en relación con la forma de incorporación al proceso latinoamericano del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (como capacidad de enfrentar la primera crisis) y los procesos de transformación posterior a la década del 60 (como modo de enfrentamiento de una segunda crisis) que supone el declive de dicho modelo de desarrollo. Este análisis pondrá cierto énfasis en los procesos de industrialización previa al momento de auge que se inaugura en la década del 30 y de las estructuras de transporte, comunicaciones y urbanización previa que favorecen la rápida inserción al nuevo modelo, articulando una contrapropuesta con aquellas posturas teóricas e historiográficas que desestiman su importancia o validez.

Desarrollo.

Como una de las más importantes consecuencias de la guerra del Pacífico, que en 1879 sostuvo Chile con sus países vecinos, Perú y Bolivia, las Provincias de Tarapacá y Antofagasta fueron anexadas al territorio chileno a modo de botín[7], lo que vino a constituirse en la más significativa dimensión de ganancia para el Estado-Nación, tanto en el corto como en el largo plazo. Esta relevancia está dada por la incorporación de los yacimientos salitreros que existentes en la zona, en los cuales ya, inversionistas chilenos habían comenzado a trabajar en la década de 1860, y por los cuales se originan los conflictos limítrofes en torno a dichos intereses. Sobre todo, dado que esos yacimientos eran “considerados las fuentes de nitrato más importantes del mundo a fines del siglo XIX.”[8]

La rápida incorporación de las altas exportaciones de salitre a la economía chilena generaron lo que ha dado en llamarse un boom y según lo descrito por el historiador Patricio Meller, “Chile pronto se transformó en el mayor productor de nitrato en el mundo. De 1880 a 1930, las exportaciones salitreras constituyeron el área más importante de la economía chilena.”[9]  Según Aníbal Pinto, habría que distinguir entre dos fases en este periodo de expansión: “El primero se extiende desde la guerra (1879) hasta 1898, en el que un crecimiento notorio de las entradas por el intercambio es constreñido por la prolongación de la tendencia a la baja de los precios internacionales. El segundo, que se abre en 1898 y se cierra con la crisis, marca un vuelco tan espectacular como auspicioso…”[10]

Para comprender mejor la relevancia que supone esta incorporación para la constitución de un boom económico, es indispensable establecer un contraste con la situación previa de Chile en torno a las exportaciones y condiciones de intercambio precedentes. En el periodo que va desde 1830 a 1880, destaca la actividad minera en el norte chico, con las extracciones de oro, plata y cobre, mismas que dan lugar a la formación de las primeras burguesías nacionales[11] que invierten en el norte grande, antes de pasar a manos chilenas.

Por otra parte, Cariola y Sunkel describen un cierto auge en la agricultura, que constituiría un segundo pilar, en que se apoya el ciclo expansivo del salitre y que estaría dado por el gran incremento de la producción de trigo y harina en la zona central del país.[12] Luego, Meller afirma que “…cuando se observa el siglo XIX en su conjunto, todos esos “booms” se reducen a “boomcitos” cuando se les compara con el auge del salitre.”[13] Y algunos de los datos del autor para su afirmación serían que: hasta 1870 las exportaciones se expanden al 3% anual, mientras que lo harían a más de un 5% anual en la era del salitre, incrementándose las exportaciones chilenas generales de US$ 12/persona (promedio 1850-1880) a US$ 50/persona alrededor de 1920 y un ingreso general país por concepto de exportación de salitre que pasa de US$ 6,3 millones en 1880 a US$ 70 millones en 1928, con un peak de US$ 96 millones antes de la primera guerra mundial[14].

Respecto de este auge económico, algunos autores como Aníbal Pinto, aseguran que Chile, como Estado Nación, no fue capaz de aprovechar lo auspicioso del momento para la generación de un crecimiento importante y que principalmente inversionistas extranjeros usufructuaron de su mayor ganancia, en lo que se llamaría, según lo citado por Meller, la teoría del enclave.[15] La tesis central de “Chile, un caso de desarrollo frustrado”[16], de Pinto, daría cuenta de esta percepción bastante pesimista del asunto. Sin embargo, existen algunas posturas historicistas que argumentarían que a pesar del importante flujo de divisas hacia el exterior, que significó el modo de inversiones propiciado en la época, donde según lo descrito por Meller, “…la explotación a gran escala del salitre comenzó bajo control mayoritario británico después de 1880”[17], la economía chilena se vio fortalecida e incrementada en base a las tributaciones provenientes de su exportación, que según los cálculos establecidos para el periodo y en los que coincidirían tanto Meller como Cariola y Sunkel, bordearía un promedio del 30% del total.[18]

Estos últimos, además matizarían respecto del rol fundamental del Estado, que al mismo tiempo, los otros dos tercios del ingreso por concepto de salitre, se dividían en la mitad como ganancias netas de los inversionistas y el valor de los costos de producción, por lo que “El Estado chileno logró apropiarse de aproximadamente la mitad del excedente generado en la actividad salitrera”[19]Lo que es de alta relevancia para los autores, por cuanto da cuenta del poder que podía ejercer el Estado como para imponer tan alto gravamen, a capitalistas tanto internos como extranjeros, lo que se traduce en que si “En 1880 los tributos pagados por la actividad salitrera significaban solamente el 5% de las rentas ordinarias de la nación. Esa proporción aumentó rápidamente a un 50% diez años más tarde y ahí se mantuvo fluctuando hasta 1918”[20] y por lo tanto también en una importante vía de disminución de impuestos de orden interno, como la supresión de la alcabala en 1884, los derechos de imposición en 1888 y el desplazamiento de otros impuestos, como recursos hacia las municipalidades, como mobiliarios, herencias y donaciones.[21] Respecto de esta capacidad de un Estado fuerte, Carmagnani señala que ya hacia 1850, Chile contaba con un Estado de enorme autonomía y poder del gobierno central, insólitos en América latina.[22] Lo que resultaría clave a la hora de interpretar su participación en la guerra del pacífico y su capacidad de intervención en los procesos de acumulación de divisas por gravamen a dicho boom comercial.

Esto también genera aumentos importantes en la capacidad del Estado para generar transformaciones en torno a distintas áreas de inversión. Una de estas refiere a las obras generadas desde el Ministerio del Interior, el cual crea correos y telégrafo, agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación y aduanas. Un incremento del aparato estatal de 3.000 funcionarios en 1880 a 13.000 en 1900 y 27.000 en 1919.[23] Esta transformación está acompañada por procesos de incremento similares en las áreas de educación, salud, higiene y prevención social, vivienda, transporte y distintos ámbitos del bienestar social, que incorpora márgenes de cobertura significativos e importantes cambios cualitativos.

Por otra parte, esta nueva capacidad financiera del Estado, en articulación con las inversiones de capitales tanto internos como externos, favoreció la incorporación de una serie de implementos de infraestructura que vienen a volverse indispensables para la realización de los procesos productivos del ciclo del salitre y que más adelante serían de alta relevancia para la incorporación del modelo ISI en Chile. Así, por ejemplo, “la red ferroviaria estatal pasó de 1.100 kilómetros en 1890 a 5.000 kilómetros en 1913”[24]y esta transformación estructural se vio acompañada de similares procesos en construcción de caminos, puentes, construcción de edificios públicos y especialmente de obras marítimas y de puertos.[25]

Estas transformaciones de corte estructural no solo significan la potenciación de la inversión privada, sino que incentivan las transformaciones propias de la migración en base a la creación de nuevas oportunidades de empleo, tanto rural como urbano. Para el caso de la zona central se aprecia un aumento de urbanización notable en los censos de 1875 a 1930 de 400.000 personas a 1.330.000.[26] En el caso específico del norte salitrero, la migración de trabajadores que se desplazan del centro y sur hacia las provincias productoras del nitrato es cuantiosa. “en el periodo 1906-30 más de 40.000 personas trabajaron en los yacimientos salitreros.”[27] Si se agrega el hecho de que la principal fuerza de trabajo era enganchada junto a su familia, el cálculo se dispara. Lo que en síntesis, para Cariola y Sunkel, significa que: “con la guerra del pacífico, la expansión salitrera y la acción del Estado, se crearon una serie de condiciones sumamente favorables para la expansión industrial: un mercado nacional en expansión y relativamente protegido, una infraestructura de transportes y comunicaciones, disponibilidad de abundante mano de obra barata en los principales centro urbanos.[28]

De hecho, si bien de forma aislada, ya algunos inversionistas habían incursionado en la industria en décadas anteriores, a contar aproximadamente de 1880 en adelante, lo que implica que con estos avances estructurales, las incursiones sobre todo en el área manufacturera, se incremente hasta su consolidación formal con la fundación por parte de la élite integrada por la burguesía nacional empresarial, de la sociedad de fomento fabril (SOFOFA), en el año 1883.[29] Y aunque existen versiones que aseguran que solo a contar de la implementación del modelo ISI con la crisis del 30 se puede apreciar el surgimiento de una industria nacional como tal; existen versiones que apuntan a la demostración de lo contrario. Tal es el caso del trabajo de Cariola y Sunkel, donde se articula una postura altamente documentada al respecto.

Desde su aporte analítico, el caso específico del desplazamiento de distintos productos, la mayoría de ellos provenientes de una industria nacional, habría manifestado una importante alza en su proveniencia del cabotaje, es decir, como desplazamiento vía marítima, desde los puertos de la zona sur productora, hasta los puertos de la zona norte productora del salitre y consumidora de estos. Estos desplazamientos indicarían un importante alza productiva de productos agropecuarios y de origen industrial nacional como: calzado, frijoles, trigo, harina, pasto seco y cerveza embotellada, en una primera fase de expansión y vacuno, charqui, madera, cebada, cerveza en barril, y aguardiente en una segunda etapa expansiva; que se traducen en que si en el periodo 1880-1887 el consumo de productos de esta índole equivalía a 7 millones de dólares anuales, ya en 1913 y 1920 equivalía a 40 y 60 millones respectivamente, de los cuales solo el 10% se originaba en importaciones.[30] También “La mano de obra empleada en la industria manufacturera mediana y grande, lo que excluye a los establecimientos que emplean a menos de 5 personas, llega a 53.000 personas en 1915. Esta cifre se eleva rápidamente hasta algo más de 70.000 en 1918(…) y vuelve a crecer fuertemente hasta cerca de 85.000 en 1924-25.”[31]

Sin embargo, todo este desarrollo industrial, en comparación con el proceso de  incorporación del modelo de desarrollo ISI resulta bastante rudimentario. A contar de la crisis del 29 y la caída sostenida de los precios y la proporción de intercambios en la balanza de pagos, y particularmente del desplome del precio específico del salitre, que habiendo en alguna medida sorteado los embates de su sustitución artificial, por parte de  su principal comprador (Alemania), durante la primera guerra mundial, a contar de la incorporación de EEUU como nuevo y principal cliente[32], las condiciones auspiciosas se fueron a pique, bajo un drástico cambio del panorama económico, que afectaría a los ingresos del Estado, a los privados tanto nacionales como extranjeros y la población general, entre ellos los trabajadores del sector, que absorbió sus difíciles efectos.

Con la caída en la balanza de pagos y la consiguiente incapacidad de seguir generando importaciones de los productos industriales de primera y segunda necesidad, conduce a los distintos países a orientar sus fuerzas productivas y capitales, hacia la formación de industrias nacionales. En este sentido, si bien Chile nunca logra dar un gran salto cualitativo que lo incorpore entre los países industrializados y con ello, lo distancie del atraso y el fenómeno de dependencia descrito más tarde por la CEPAL[33], es uno de los primeros países latinoamericanos en incorporar las medidas del modelo ISI de desarrollo, en plena década del 30, mientras el resto de los países latinoamericanos lo haría recién después de la segunda guerra mundial[34], y por lo tanto, el primero en adaptarse a las nuevas condiciones. Aunque otros autores, matizarían que según su velocidad de incorporación podría establecerse una tipología en que, por una parte están los países “tipo A: Argentina, México, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia”[35], que a diferencia de los otros países, tipo B, se industrializarían antes de la segunda guerra. Sin embargo, esta pronta reacción, también responde a que es, según lo publicado en un informe de la liga de las naciones y tomando como referencia las cifras del periodo 1927-1929, el país más golpeado con la gran depresión.[36]

Según el diagnóstico resumido de Meller, “La primera guerra mundial, la gran depresión y la segunda guerra mundial, crearon una aguda escases de productos importados, cuyos precios relativos subieron, aumentando así la rentabilidad de la inversión en la ISI.”[37] Desde esta perspectiva es fundamental el análisis del accionar del Estado, de modo de poder establecer esta incorporación de modelo como tal y las fases o procesos específicos que es posible de observar en él, que según lo expuesto por el autor, existe una primera fase o etapa, en que el incentivo principal de su realización está dado por el mercado y donde los precios y los diferenciales de utilidad sirvieron para canalizar recursos hacia la generación de la manufactura. En este caso, se observa un importante aumento de la producción de bienes facturados de baja calidad. Luego existe un segundo periodo, donde el rol del Estado comienza a definir notorias diferencias al incorporarse activamente al proceso, con alta protección arancelaria, incentivos específicos, créditos más baratos y acceso especial a las divisas e inversión estatal en infraestructura; con la finalidad de reducir la dependencia y la vulnerabilidad externa.[38]

Sin embargo, pese a la temprana incorporación, Chile tampoco logra un gran despegue, adoptando una ISI de bajo nivel tecnológico, debido a la baja capacidad de importación de maquinaria que le permitían las divisas, que solo pudo obtener después de la segunda guerra mundial. El resultado concreto de la aplicación del modelo ISI para el caso chileno no generó grandes logros y mientras otros países de Latinoamérica lograban un crecimiento de la productividad del 1 a 1,5% anual entre 1950-1953, Chile no alcanzaba el 1%.[39] Por lo tanto, sí según lo propuesto por Talavera, existen dos subperiodos, el primero hasta 1945, donde se presentan los problemas estrangulamiento, o de incapacidad de importación generalizadamente en Latinoamérica y un segundo subperiodo, desde la segunda post guerra hasta mediado de los 50, que se caracteriza por un crecimiento del poder adquisitivo de los distintos países latinoamericanos, debido a una coyuntura internacional más favorable, mientras países como Brasil alcanzan la producción de bienes de consumo duradero[40], Chile sucumbe en una espiral de pérdida de capacidad adaptativa, al no flexibilizarse ante las condiciones cambiantes, donde por una parte, las protecciones una vez otorgadas era difícil retirarlas y por otra se genera una mentalidad empresarial de la facilitación por esta vía. Junto a la fomentación arancelaria de una estructura productiva con una industria oligopólica no competitiva.[41]

Desde otro ángulo explicativo, según lo expuesto por talavera y aunque refiera más bien a la generalidad de lo que ocurre en Latinoamérica, “Al expandirse rápidamente el consumo de tal bien sustituto, la demanda derivada de importaciones puede sobrepasar, rápidamente, la economía de divisas obtenida con su producción inicial.”[42]Por lo que, el mismo crecimiento termina convirtiéndose en la trampa. Por una parte, existe el riesgo de que la producción de un bien específico, no encuentre mercado interno suficiente como para concretar cause mercantil y deba depender de su expansión por fuera, ampliando las fronteras del ciclo producción-consumo, riesgo que solo puede sortear un país que haya ampliado suficientemente su clase media, especialmente urbana y que además cuente con una población lo suficientemente numerosa, y por otra parte, la mayor complicación para superar el éxito de un primer impulso, radica en que una vez utilizados todos los insumos requeridos, estos deban ser vueltos a importar para continuar con un nuevo ciclo productivo, lo que según talavera conduce a un nuevo estrangulamiento externo.[43]

Conclusiones.

No es fácil determinar si la crisis que dio fin a la aplicación del modelo ISI en Chile respondió mayoritariamente a factores externos, como el nuevo estrangulamiento aquí mencionado, o si más bien respondió a los factores de orden doméstico o interno señalados por Meller, que en suma, demoraron y desmejoraron la elección de acciones a seguir, yendo en detrimento de las opciones que el amplio marco de posibilidades auguraba para un país que tan rápido implementaba el modelo. Lo que sí resulta más evidente, es la limitante propia que supone la estrechez de un mercado interno, no solo por el número de población muy inferior al de los países que lograron dar saltos cualitativos mayores en términos de la formación y expansión de sus industrias, sino por la ampliamente desigual distribución interna de los recursos, que en el caso chileno da lugar a una escasa clase media capaz de conformarse como un mercado que permitiera un consumo más allá de productos suntuosos para una minoría adinerada, (para los cuales la industria interna no contaba con la suficiente tecnología y no ameritaba la inversión) y productos de primera necesidad, para los cuales ni siquiera había suficiente población en condiciones de pagar su consumo.

En términos internos, ese factor sería uno de los más determinantes y si se analiza los siguientes procesos políticos y económicos que sucedieron a este periodo descrito, especialmente en lo ocurrido entre 1970 y 1990, esa apreciación puede quedar aun aún más evidenciada[44]. Sin embargo, ninguno de estos fenómenos de orden interno, una vez resueltos, habrían podido evitar que al momento del agotamiento de recursos del tipo insumo, para la continuidad del proceso productivo, la vuelta al estrangulamiento externo hubiese terminado por coartar en gran medida el proyecto y su éxito, mucho más allá de lo que fue su conocida aplicación. Por lo tanto, en el análisis específico del caso chileno, la inclinación de la balanza analítica estaría dada por una combinatoria de ambos factores, donde la prominencia por su inevitabilidad, la tienen aquellos de orden externo.

Finalmente y a modo de conclusión, la relevancia que la experiencia chilena comporta respecto de la incorporación del modelo ISI, a razón de lo acontecido con la gran depresión del 29, nos conduce a la interrogante por la relación con sus causas, efectos y sobre todo, con sus condiciones particulares de inserción. De estas, la más interesante y paradojal, es sin duda la incorporación del salitre en la economía chilena; que por un lado es la causa de la dependencia total a la que se ve expuesta como monoexportadora y por lo tanto la causa de su estrepitoso desplome, como país más afectado del mundo. Mientras, al mismo tiempo, por otro lado, es la razón principal de su capacidad de respuesta ante la crisis.

Según lo revisado en este trabajo, y lo recabado en distintas versiones históricas y analíticas, no es difícil concluir, que si Chile no hubiese incorporado los yacimientos pertenecientes al vecino país, Perú, en ningún caso habría sido capaz de sortear de igual manera los embistes de una crisis de tal magnitud y sin los cuales y sus abundantes riquezas obtenidas, no habría contado en dicha época con 1) una estructura estatal suficientemente empoderada, solvente y articulada, como para hacer frente a las decisiones y estrategias que exigía el momento, 2) una infraestructura de transporte, comunicaciones y tecnologías que permitieran la rápida incorporación de las medidas estatales y de inversión acordes a las nuevas exigencias, 3) una estructura distributiva de la población urbano-rural, en base a la producción, que permitiese la rápida incorporación de una fuerza de trabajo disponible y fácilmente adaptable al requerimiento nuevo y 4) una estructura normativa e inversionista articulada en torno a la formación de una élite empresarial burguesa, que ya hubiese incursionado ampliamente en la industria, que por insipiente, ya contaba con los elementos de esta y solo restaba ampliarla y potenciarla.


[1] Meller, Patricio. (1996) “Un siglo de economía política chilena (1890-1990)” Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile.

[2] Talavera, Pedro. “la configuración del modelo transnacional de desarrollo en América Latina: Antecedentes y crisis.” Universidad de Barcelona. Pág. 165.

[3] Carmagnani, Marcelo. (FCE, 1978).  “Estado y sociedad en América latina.” Cap. 1. “Civilización y barbarie. El arranque del proyecto oligárquico.” Editorial crítica, grupo editorial Grijalbo, Barcelona. Pág. 27.

[4] Talavera, Pedro. “la configuración del modelo transnacional de desarrollo en América Latina: Antecedentes y crisis.” Universidad de Barcelona.

[5] Carmagnani, Marcelo. (FCE, 1978).  “Estado y sociedad en América latina.” Cap. 1. “Civilización y barbarie. El arranque del proyecto oligárquico.” Editorial crítica, grupo editorial Grijalbo, Barcelona.

[6] Talavera, Pedro. “la configuración del modelo transnacional de desarrollo en América Latina: Antecedentes y crisis.” Universidad de Barcelona. Pág.166.

[7] Cariola, Carmen y Sunkel, Osvaldo. “Un siglo de historia económica de Chile 1830-1930. Segunda parte: la expansión salitrera y las transformaciones socioeconómicas” Editorial Universitaria.

[8] Meller, Patricio. (1996) “Un siglo de economía política chilena (1890-1990)” Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile. Pág. 24.

[9] Ibíd. Pág. 24.

[10] Pinto, Aníbal. (1996) “Chile, un caso de desarrollo frustrado” Editorial Universidad de Santiago. Chile. Pág. 69.

[11] Cariola, Carmen y Sunkel, Osvaldo. “Un siglo de historia económica de Chile 1830-1930. Segunda parte: la expansión salitrera y las transformaciones socioeconómicas” Editorial Universitaria. Pág. 72.

[12] Ibíd. Pág. 73.

[13] Meller, Patricio. (1996) “Un siglo de economía política chilena (1890-1990)” Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile. Pág. 21.

[14] Ibíd. Pág. 24.

[15] Ibíd. Pág. 29.

[16] Pinto, Aníbal. (1996) “Chile, un caso de desarrollo frustrado” Editorial Universidad de Santiago. Chile.

[17] Meller, Patricio. (1996) “Un siglo de economía política chilena (1890-1990)” Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile. Pág. 24.

[18] Ibíd. Pág. 26.

[19] Cariola, Carmen y Sunkel, Osvaldo. “Un siglo de historia económica de Chile 1830-1930. Segunda parte: la expansión salitrera y las transformaciones socioeconómicas”. Editorial Universitaria. Pág. 87.

[20] Ibíd. Pág. 89.

[21] Ibíd. Pág. 90.

[22] Carmagnani, Marcello. (FCE, 1978).  “Estado y sociedad en América latina.” Cap. 1. “Civilización y barbarie. El arranque del proyecto oligárquico.” Editorial crítica, grupo editorial Grijalbo, Barcelona. Pág. 96.

[23] Cariola, Carmen y Sunkel, Osvaldo. “Un siglo de historia económica de Chile 1830-1930. Segunda parte: la expansión salitrera y las transformaciones socioeconómicas”. Editorial Universitaria. Pág. 90.

[24] Ibíd. Pág. 92.

[25] Ibíd. Pág. 92.

[26] Ibíd. Pág. 95.

[27] Meller, Patricio. (1996) “Un siglo de economía política chilena (1890-1990)” Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile. Pág. 24.

[28] Cariola, Carmen y Sunkel, Osvaldo. “Un siglo de historia económica de Chile 1830-1930. Segunda parte: la expansión salitrera y las transformaciones socioeconómicas”. Editorial Universitaria. Pág. 96.

[29] Ibíd. Pág. 97.

[30] Ibíd. Pág. 102-104.

[31] Ibíd. Pág. 99.

[32] Ibíd. Pág. 85.

[33] Talavera, Pedro. “la configuración del modelo transnacional de desarrollo en América Latina: Antecedentes y crisis.” Universidad de Barcelona.

[34] Meller, Patricio. (1996) “Un siglo de economía política chilena (1890-1990)” Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile. Pág. 52.

[35] Talavera, Pedro. “la configuración del modelo transnacional de desarrollo en América Latina: Antecedentes y crisis.” Universidad de Barcelona. Pág. 164.

[36] Meller, Patricio. (1996) “Un siglo de economía política chilena (1890-1990)” Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile. Pág. 48.

[37] Ibíd. Pág. 50.

[38] Ibíd. Pág. 50-51.

[39] Ibíd. Pág. 53.

[40] Talavera, Pedro. “la configuración del modelo transnacional de desarrollo en América Latina: Antecedentes y crisis.” Universidad de Barcelona. Pág. 168.

[41] Meller, Patricio. (1996) “Un siglo de economía política chilena (1890-1990)” Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile. Pág. 54-55.

[42] Talavera, Pedro. “la configuración del modelo transnacional de desarrollo en América Latina: Antecedentes y crisis.” Universidad de Barcelona. Pág. 168.

[43] Ibíd. Pág. 168.

[44] Meller, Patricio. (1996) “Un siglo de economía política chilena (1890-1990)” Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile. Pág. 55-66.

Miedo: Efectos del terrorismo de Estado en la condición de posibilidad, para la emergencia de un sujeto o actor político.

Introducción:

 

El aumento exponencial de la participación político-ciudadana en el contexto del movimiento estudiantil de 2011, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, ha levantado un amplio debate académico y práctico, acerca de la posibilidad del surgimiento de un nuevo actor político o sujeto político. Independientemente de los posicionamientos en  esta discusión, resulta indispensable realizar una serie de preguntas acerca de las implicancias de este posible surgimiento y especialmente acerca de las condiciones de posibilidad para este.

En el presente trabajo se abordará el miedo como factor fundamental en la afectación de esta condición de posibilidad. Si bien, no es el único, ni sabemos sí es el más importante; al menos podría ser complementario del sentimiento de derrota post dictadura, la confianza en la Concertación en el periodo transicional, la desesperanza luego de algunos años de democracia, entre otros. El miedo, específicamente aquel generado bajo la aplicación sistemática del terrorismo de Estado en la dictadura militar, podría ser uno de los aspectos que incidan en la no aparición de un sujeto o actor político, lo que justificaría la importancia de la investigación de sus efectos en la población y las diversas formas en que esos efectos son observables.

En este sentido resulta relevante la observación de la participación político-ciudadana y sus procesos de cambio, que ante los nuevos acontecimientos nos ponen de frente con la aparición de nuevas oleadas contestatarias, principalmente proveniente de una nueva generación que no ha sido víctima directa de esta aplicación de terrorismo de Estado sistemática y sus efectos; por lo que cabría preguntarse acerca del mayor o menor grado de miedo con que se enfrentan al Estado y sus instituciones al momento de manifestarse y ejercer sus derechos ciudadanos.

 

 

1)      Terrorismo de Estado, en una perspectiva biopolítica.

El Estado como tal, surge junto a los ideales modernos de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, enarbolados en el proceso de la revolución francesa, como sustitución del antiguo régimen de poder ejercido por la monarquía; en virtud del cual, se establece el cuerpo del derecho y surgen la nociones de ciudadanía y sociedad civil, al mismo tiempo que se rescata el valor político de la antigua democracia griega. Pero, ¿Cuál es la función del Estado y dónde se fijan sus límites?, ¿Cómo actúa y sobre quiénes?, ¿De qué depende su estabilidad y cómo se articula su rango de acción?, ¿Cómo se establece su razón de ser y de qué modo esta se legitima? En pocas palabras, ¿Qué es el Estado y qué implica su existencia?

Si bien el Estado ha pasado por un complejo proceso de transformación desde sus inicios hasta la estructura y forma que conocemos hoy, o que está más ampliamente difundido (especialmente en el mundo occidental), y cada una de sus etapas tienen relevancia de sobra para ser analizadas; resulta gravitante para el análisis del fenómeno de terrorismo de Estado, antes enunciado, poner el mayor énfasis en sus últimas etapas, por cuanto es en estas que se producen las lógicas que le son propias e indispensables para tal fenómeno. Alrededor del siglo XVI, según lo expuesto por Michel Foucault, (2007) el Estado es claramente identificable por ciertos aspectos fundamentales que guardan relación con la razón de Estado.

Un primer aspecto propio de aquella, consiste en que el Estado se define como una realidad específica y autónoma, lo cual supone que el gobernante debe considerar una serie de normas que están por encima y por fuera del mismo (divina, moral, natural, etc.) pero no regirse por ellas ni cumplir un rol ligado a estas. “El Estado no es ni una casa, ni una iglesia, ni un imperio” (Foucault, 2007, pág. 20) Luego, se sigue que el Estado tiene una existencia por y para sí mismo y en plural, como Estados. Esta se materializa en una serie de maneras de gobernar, como el mercantilismo, producto del cual es posible establecer tres aspectos diferenciables en su funcionamiento. “en primer lugar, el Estado debe enriquecerse mediante la acumulación monetaria; segundo, debe fortalecerse por el crecimiento de la población; y tercero, debe estar y mantenerse en una situación de competencia permanente con las potencias extranjeras.” (Foucault, 2007, pág. 21)  Un segundo aspecto derivado de esta razón de Estado, guarda relación con la gestión interna, o también más conocida como Estado policía y como tercer aspecto, la constitución de un ejército y diplomacia permanentes. (Foucault, 2007)

Sin embargo, la forma en que el Estado se comporta en cada una de estas esferas (mercantilismo, Estado policía, balanza europea -actualmente relaciones internacionales-) no responde a la misma lógica. Si para enfrentar a los otros Estados, es decir, en torno a su política exterior, es limitado (cada Estado debe autolimitarse, defendiendo su soberanía, pero sin aspirar a volverse un imperio) contrariamente, en su política interior, la razón de Estado conduce mediante el Estado de policía, a un accionar ligado a una serie de objetivos ilimitado. “La limitación del objetivo internacional del gobierno según la razón de Estado, la limitación en las relaciones internacionales, tiene por correlato la ilimitación en el ejercicio del Estado de policía”. (Foucault, 2007) Lo cual incide en la intervención de los aspectos más ínfimos de la vida de las personas.

Por otra parte, Max Weber, reafirma la famosa frase expuesta por Trotsky “Todo Estado está fundado en la violencia” (Weber, 1992, pág. 88), para explicar que “El Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio -el «territorio» es un elemento distintivo- , reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima. (Weber, 1992, pág. 88) Lo cual implica que para cualquier otro individuo o asociación de estos, la violencia que pueden ejercer es estrictamente aquella que el Estado permita. En palabras de Weber, “Él es la única fuente del «derecho» a la violencia.” (Weber, 1992, pág. 88) A esta definición, cabría agregar aquella propuesta por O’Donnell, donde señala que “El Estado es, fundamentalmente, una relación social de dominación; o dicho con más precisión, un aspecto –y como tal solo comprensible analíticamente- de las relaciones sociales de dominación.” (O’Donnell, 1978) agregando que, “El Estado apoya y organiza estas relaciones de dominación por medio de instituciones que suelen gozar de un monopolio de los medios de coerción dentro de un territorio definido, y que generalmente se considera que tiene un derecho legítimo a garantizar el sistema de dominación social.” (O’Donnell, 1978, pág. 3)

Entonces cabría preguntarse qué hace que la ciudadanía obedezca consintiendo a esta distribución del poder diametralmente asimétrica, legitimándolo. Una respuesta posible la brinda el contractualismo. Según Thomas Hobbes (Godoy, 1986), bajo un estado de naturaleza, los hombres se inclinarían hacia la manifestación de la guerra del todos contra todos, por cuanto las necesidades de dominación de unos sobre otros en vistas de la obtención del poder y la seguridad, impediría la obtención de un grado mínimo de armonía o paz, a falta de un ente interventor que dirima y ordene la vida de los hombres. Esta función es ejercida por el Estado, bajo la forma de un contrato social entre este y la ciudadanía, donde esta última acepta someterse obedientemente al Estado, dejando de lado su libertad, a cambio de la protección y seguridad que este le otorga en la ejecución de sus funciones, bajo un estado artificial de cosas.

Ahora, por cuanto la relación Estado-ciudadanía se basa en un contrato social, este implica también ciertas condiciones que permitan su legitimidad, como aquellas que otorgan la democracia, el sistema de partidos y la alternancia política. Al respecto, Castoriadis (1995) propone una categórica distinción entre la democracia como mero procedimiento y como régimen, por lo que termina denominando a las democracias occidentales modernas como pseudo democracias al compararlas con la noción de democracia de la antigua polis griega: el gobierno del pueblo** (Coppedge, y otros, 2011, pág. 248).

Pero, aún así, basándonos en esa pseudo democracia, procedimental y vacía, en lo que se ha convertido hacia nuestros días, es indispensable establecer una definición mínima que permita diferenciarla de otras formas de gobierno. En esta dirección, el tipo de democracia que ha preponderado en occidente, según Zakaria, (1997) es la democracia liberal, es decir, un sistema político marcado por elecciones libres y justas, pero también por el régimen de la ley, la separación de los poderes del Estado, así como, la protección de las libertades de expresión , reunión, religión, y propiedad.

Sin embargo, la descripción que el mismo autor hace en trabajos anteriores, respecto de la interrupción en la democracia que produce el Estado burocrático-autoritario, resulta altamente relevante para el análisis propuesto. En ella, siguiendo la tradición marxista, explica que el Estado democrático, como tal, en un régimen capitalista, “…mantiene y estructura la dominación de clase, en el sentido de que esta dominación está enraizada, principalmente en una estructura de clase que, a su vez, tiene su fundamento en la operación y reproducción de las relaciones capitalistas de producción.” (O’Donnell, 1978, pág. 3) y propone que hay dos formas procedimentales que se establecen como mecanismos de legitimación del Estado mediante la democracia: por un lado, la igualdad abstracta de los sujetos, en la aplicación del sufragio universal, lo que justifica que el régimen se basa en el consentimiento ciudadano y luego, el derecho de recurrir a instancias de protección jurídica regulada frente a los actos arbitrarios por parte de las instituciones del Estado. (O’Donnell, 1978) Esto en términos generales.

Ahora, una vez quebrantada esta, y al referirse a este Estado burocrático autoritario, predominante en América Latina en las décadas del 70 y 80, expone como características que es garante y organizador de la dominación ejercida, donde la base principal del Estado es una alta burguesía con características oligopólicas y trasnacionalizadas; con instituciones donde el peso está puesto en los especialistas, en la coerción y la normalización de la economía; con un sistema de exclusión política (de un sector popular antes activo) sometido a controles estrictos que lo saquen del campo de acción política; con la consecuente supresión de la ciudadanía; junto a la exclusión económica del sector popular y la despolitización de los problemas sociales. (O’Donnell, 1978) También hace hincapié en los efectos de este tipo de régimen político en la legitimidad del Estado mismo. En sus palabras, “…solo puede ser legitimado si parece residir en referentes externos a cuyo interés general se supone que sirven las instituciones estatales. Normalmente estos referentes externos son la nación, conjuntamente con la ciudadanía y el pueblo…” (O’Donnell, 1978, pág. 5)

El control y ejercicio de la violencia física como medio coercitivo, bajo estas condiciones “Excepcionales”, apeladas bajo el descriptor de Estado de excepción que existe como figura legal en muchas de las constituciones de los Estados Nación, permite la anulación o suspensión de derechos humanos universales y fundamentales; y muchas veces se convierte en el resquicio legal bajo el cual se perpetra un golpe de Estado que da paso a la dictadura o Estado autoritario. Según Dietrich, “El concepto de Estado de excepción se basa en el supuesto de que, en algunas situaciones de emergencia política, militar o económica, el régimen de limitación y equilibrio de poderes, propio de las reglas de juego constitucionales, tenga que dejar vía libre a un poder ejecutivo más fuerte, e incluso al ejército.” (Dietrich, S/A) Lo que incluso puede conducir a lo que Agamben ha denominado el estado de excepción como paradigma de gobierno, lo que implicaría que “…la declaración del estado de excepción ha sido sustituida de forma progresiva por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica habitual de gobierno” (Agamben, 2004) Lo cual implica a su vez, que el fenómeno analizado podría presentarse en otras formas de gobierno diferentes a una dictadura o estado burocrático-autoritario, a decir, en plena democracia.

Luego, bajo estas condiciones excepcionales y sus libertades y atribuciones, no hay cabida para el control del accionar por parte del Estado y al mismo tiempo, toda la institucionalidad que cumplía esta labor, vuelca su utilidad hacia el control de la población y de los posibles actos de rebelión o subversión consecuentes de un gobierno y un Estado deslegitimado. Sin un límite al accionar del Estado, que cuenta a su haber con la posibilidad de aplicación de las policías y el ejército como medios de coerción física, el resultado es abrumadoramente peligroso y capaz de alcanzar niveles insospechados de violación a los derechos humanos, en total impunidad, incluso sistematizando su aplicación.

Existe una amplia documentación acerca de los tipos de violaciones de derechos humanos, sus formas de aplicación y efectos en la población, especialmente para algunos de los casos latinoamericanos. (Kordon, Edelman, Lagos, & Kersner, 2005; Lira & Castillo, 1991)  Y ha existido sumo cuidado en denominar a este proceder como terrorismo de Estado, sin embargo, algunos autores frente a estos mismos fenómenos estudiados, no han vacilado en denominarlo tal cual. (Guinsberg (1987), así como Chomsky, Schulz, Bonasso (1990), Schulz (1990), Bonasso (1990), Garzon (1989), Del Barrio, León (1991) citados en Padila Ballesteros (1995))

“El terrorismo de Estado es un sistema político cuya regla de reconocimiento permite y/o impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder.” (Garzon (1989) citado en Padila Ballesteros (1995, pág. 29))

Por otra parte, esta aplicación sistematizada del ejercicio de la violencia física, se aplica y ejerce sobre una fracción determinada de la población a la cual se pretende retirar de la arena política, lo cual implica que su misión, como acción racional con arreglo a fines, con un claro sentido mentado de la acción (Weber, 2008), no se limita al exterminio de esta fracción (en muchos casos esto resulta inaplicable) sino a la atemorización, es decir a la producción de terror, producto de esta aplicación sistemática y de la impunidad en que queda reducida la experiencia.

Si bien este miedo producido bajo regímenes que ejercen estas prácticas, no es tan fácil de diagnosticar y analizar, bajo la mirada de autores como Lechner, aún cuando este queda en muchos casos disfrazado y trasvasijado su sentido, hacia otras problemáticas como la delincuencia; es posible su observación en la clara disminución de la participación política, el rechazo a todas las actividades vinculadas a esta y una inercia política asociada a una despolitización, donde además se produce un volcamiento del interés social hacia el consumo. (Lechner, 1990)

Según Rafael Serrano, “El término terrorismo no tiene una definición jurídica formalmente acordada en el ámbito internacional. A pesar de ello, las más variadas definiciones que se han podido identificar –jurídicas o no- tienen como puntos recurrentes la violencia con un propósito político o social, así como el intento de intimidar y dirigir el acto a civiles o no combatientes.” (Serrano, 2003, pág. 355) Según Mkhondo, citado en Serrano (2003) a diferencia de la delincuencia común, donde existiría un agresor y una víctima, aquí se requiere una tercera parte que pueda ser intimidada por lo que le pasó a la víctima. Parte de la lucha ideológica por la definición de terrorismo ha conducido a este resultado inconcluso, debido a que por una parte “…los líderes de las economías desarrolladas estaban tensos por definir un terrorismo que incluyera el concepto de ‘Estados terroristas’, [y por otra] los representantes de los países del tercer mundo estaban inquietos de una definición que pusiera un mayor peso sobre ciertos participantes, no pertenecientes al Estado, sin diferenciar entre el terrorismo, propiamente, y una lucha de clases por la liberación nacional.” (Serrano, 2003, pág. 360)

Sin embargo, por mucho que no exista un acuerdo global, ha habido gran avance en esta dirección desde el campo de los derechos humanos y resulta argumentable a la luz de los antecedentes entregados, que es perfectamente aceptable, establecer que ante la 1) Aplicación sistemática del uso monopólico de la violencia por parte de un Estado, sea mediante policía, ejercito, u otras instituciones (inteligencia, gendarmería etc.); 2) sin ningún tipo de ente interno o externo que la regula y controle; 3) sobre un grupo específico de la población; 4) con la finalidad intencional y estratégica de atemorizarla y retirarla de la arena política; 5) atentando contra sus derechos humanos fundamentales; es aquí y ante nuestra mirada, evidentemente, terrorismo de Estado.

Marcuse, en el hombre unidimensional, desde una perspectiva marxista, nos dice respecto al sistema capitalista y a los ánimos de la sociedad del desarrollo por mostrar sus beneficios y motivaciones, cuando son contrapuestas frente a la miseria que le es consecuente, que “…su pomposa racionalidad, que propaga la eficacia y el crecimiento, es en sí misma irracional.” (Marcuse, 1985) Frente al desenvolvimiento de hechos de esta magnitud, que siempre encuentran una explicación del todo racional y argumentativa, resulta inminente la aplicación de la misma lucidez para evaluar, al modo de los autores herederos de la escuela de Frankfurt, la irracionalidad en la racionalidad. Como consecuencia de ello, no solo deslegitimar este tipo de accionar desde el Estado, sino que acusarlo y bajo las categorizaciones y el peso que estas conllevan, esgrimir los modos de combatirla.

 

2)      Las etapas de la formación psicosocial y las implicancias de la aplicación del terror, según estas, en la formación del miedo, en una perspectiva psicoanalítica.

La aplicación del terrorismo de Estado sobre los sujetos, sean estos políticamente activos o pasivos, tiene una serie de implicancias ampliamente documentadas. La lucha organizada post golpes de Estado, si bien ha sido importantísima en el rol que les cabe como ejes fundamentales de las movilizaciones que incidieron en cada uno de los casos, en los respectivos retornos a la democracia, también es cierto que vieron profusamente mermada su capacidad convocante y aglutinante, para el ejercicio de la resistencia o de la lucha contra de los distintos regímenes. Esto, debido por una parte, a la eliminación sistemática de sus miembros, en los proceso de persecución, prisión, tortura, exilio, desaparición, eliminación de identidad y muerte, ya sea en forma de masacre o individualmente. Pero también, por medio de la represión y la amenaza permanente, que conduce en cada caso al asentamiento de un estado constante de miedo, alerta inseguridad e incertidumbre.

Ahora, si se toma en consideración la tremenda carga histórica que arrastran, los distintos pueblos que protagonizan estas verdaderas tragedias sociopolíticas, no es extraño que estas acciones represivas pasen a constituir una parte más de esta larga data del derrotero histórico que les precede, más que un proceso específico.

Lechner, (1990) expone un cierto efecto paradojal que se produce en la relación de los sujetos frente a esta necesidad de certidumbre exacerbada, como consecuencia de la amenaza política producida en los procesos autoritarios, respecto de la autoridad y del tipo de proyecto político y ligado a una “cultura del miedo”.”Vivimos una cultura del miedo. Y esta herencia  persistirá, aunque desaparezca el régimen autoritario. (…) La dictadura agudiza una demanda de seguridad que a su vez nutre el deseo de una “mano dura”. (Lechner, 1990, pág. 88)

El mecanismo bajo el cual es posible tal nivel de necesidad de control a propósito de esta búsqueda de certidumbre, consistiría en su legitimación mediante la definición de un enemigo común como eje de malignidad, en torno del cual estar unidos para su ataque y exterminio. Así, “Circunscribiendo el peligro de un objeto visible, claramente identificable y oficialmente sancionado como “mal”, el temor se vuelve controlable. La operación es simple y conocida. Las diferencias son transformadas en “desviación” y “subversión” y sometidas a un proceso de “normalización”.” (Lechner, 1990, págs. 88-89)

La gravedad de esta forma de relacionarse con el miedo y la necesidad de certidumbre que se genera, sostiene y reproduce como legitimación, es que: “La cultura del miedo es no solo el producto del autoritarismo, sino, simultáneamente, la condición de su perpetuación.” (Lechner, 1990, pág. 90)

Ahora, también desde otra perspectiva, el tema del miedo generado bajo estas condiciones en América Latina en los periodos de autoritarismo, como una especie de continuidad histórica de las formas de hacer política y sus efectos, es abordado en el caso chileno por la psicología chilena de un modo aún más drástico. “Desde tiempos ancestrales, en América Latina la opresión la violencia represiva y el miedo han sido experiencias comunes a los indígenas, los campesinos, los mineros y los pobres. Las dictaduras de seguridad nacional modificaron la representación colectiva de la violencia política ejerciendo la presión de acuerdo a criterios ideológicos, sin hacer distinción de clases ni de grupos sociales. Este tipo de represión política ha privilegiado el uso de métodos psicológicos, métodos invisibles, en el control político de una sociedad determinada.” (Lira & Castillo, 1991, pág. 7)

Las consecuencias de este miedo crónico son múltiples. Por una parte, las formas de relación entre los sujetos cambian. Según lo expuesto por ambas autoras: “…cuando miles de sujetos son amenazados simultáneamente dentro de un determinado régimen político, la amenaza y el miedo caracterizan las relaciones sociales, incidiendo sobre la conciencia y la conducta de los sujetos. La vida cotidiana se transforma. El ser humano se hace vulnerable.” (Lira & Castillo, 1991, pág. 9)

En este sentido, por ejemplo, exponen la aparición del fenómeno que consiste en la percepción de una idea de lo siniestro en la política, a raíz del miedo crónico establecido por la amenaza. “Freud definió el carácter de lo siniestro, lo ominoso, haciendo referencia a la pérdida de los límites entre la realidad y la fantasía. La tortura, la desaparición de personas, las ejecuciones o asesinatos, como otras violaciones de derechos humanos son una expresión de lo ominoso en las relacione sociales, ya que la realidad sobrepasó los límites que la fantasía más perversa jamás pudo imaginar.” (Lira & Castillo, 1991, págs. 8-9)

Por otra parte, si bien, el miedo producido por la amenaza política, vinculado a los procesos de terrorismo de Estado y sus efectos, han sido escasamente abordados; no solo no significa que los casos sean pocos, sino que da cuenta, justamente de lo contrario, bajo el diagnóstico de las autoras algunas de las consecuencias concretas enunciables a propósito de la amenaza política y su correlato del miedo como un miedo vuelto crónico y cotidiano, serían: la devaluación de la vida humana, la prolongación del miedo producido en el periodo autoritario, en el ámbito nuevo de la paz política con consecuencia de su naturalización como si no estuviera, una estrechez y rigidización del marco general de la vida social que conduce a la polarización y debilitamiento en la autonomía personal y autoconfianza, entre otros. (Lira & Castillo, 1991)

En torno a estas consecuencias y a la introyección que el sujeto hace de la represión misma, ya Marcuse, (citado en Lira & Castillo (1991, pág. 53)) decía: “La represión desde fuera, ha sido sostenida por la represión desde dentro, el individuo sin libertad introyecta a sus dominadores y sus mandamientos dentro de sus propio aparato mental. La lucha contra la libertad se reproduce a sí misma, en la psique del hombre, como la propia represión del individuo reprimido, y a su vez, su propia represión sostiene a sus dominadores y sus instituciones.

Otros aspectos que las autoras relevan en sus conclusiones y en los cuales profundizan bastante, se orientan a poner en relación los lineamientos morales ligados a la tradición ya estatuidos en estas sociedades, y la huella que las anteriores historias de masacres, asesinatos oficiales y persecuciones ya se habían establecido como forma de ejercer política, para la configuración de un tipo de psique, en la cual el accionar de los autoritarismos se vuelve una continuidad, donde estos se acoplaron a las condiciones históricas de sometimiento respecto al orden establecido, y para la cual, estos logran reforzarla y agudizarla, mediante la sistematización del dominio, basado en la amenaza política reciente.“El carácter operante de la amenaza se apoyó en aprendizajes histórico-sociales de los sujetos, y se reforzó posteriormente con el manejo de técnicas sofisticadas respecto de los usos psicológicos del terror a través de los medios de comunicación de masas.” (Lira & Castillo, 1991, pág. 231)

Ahora, si bien toda esta investigación es de alta relevancia, no se han desarrollado estudios que profundicen en las formas en que el miedo resultante de la aplicación sistemática del terrorismo de Estado se manifiesta, según el periodo de la vida en que este acontezca. Más específicamente, según la etapa del desarrollo psicosocial en que el sujeto esté atravesando al momento de ser víctima de él.

Eric Erickson (1963) propuso una descripción de las distintas etapas del desarrollo psicosocial en lo que ha dado a llamar las ocho edades del hombre. Según esta categorización, el hombre recorre cada una de estas etapas, una como prerrequisito de la siguiente, hasta completar una vida que le ha conducido desde una plena dependencia, a una percepción integral de sí mismo y de la propia vida, en vinculación con la cultura de su sociedad, lo que se ha denominado un desarrollo bio-psico-social.

-Proceso biológico, es decir la organización de los sistemas orgánicos y su ciclo vital.

-Proceso Social, como organización de grupos definidos, en sentido geográfico, cultural, histórico, etc.

-Proceso del yo, como principio organizativo del individuo, que hace de él un sujeto con una personalidad coherente, al poseer una mismidad y continuidad, y a través del cual el sujeto verifica la realidad.

Cada una de las etapas es presentada como un conflicto, donde la solución es una contraposición entre dos opciones contrarias en la vía del desarrollo. Estas ocho edades y su respectivo acercamiento descriptivo, esta segmentada en las primeras cuatro que brindan las bases para la construcción de la identidad correspondientes a la infancia, la quinta que representa el principal quiebre y puesta en replanteamiento de todas las cosas y finalmente las últimas tres, que se sitúan en la adultez y que consolidarían la identidad integral del hombre.

A grandes rasgos, las primeras cuatro etapas, que agrupadas nos otorgan el análisis de todo el periodo concerniente a la niñez, consisten en la solución de los siguientes conflictos:

1)      Entre el nacimiento y los 12/18 meses, la primera sensación de seguridad resultante de la continuidad de la experiencia vinculada a la lactancia, conducente a la familiaridad y la autoconfianza.

2)      Entre los 18 mese y 3 años, la capacidad muscular de apretar y soltar (relaciones hostiles o bondadosas) conducen a reaccionar frente al escrutinio de los otros con vergüenza y duda, o ante el apoyo externo, con autonomía.

3)      Entre los 3 y 6 años, la energía aporta el elemento de la iniciativa, que agrega la capacidad de empresa. Si recibe coerción y manipulación se enfrentará a la culpa, y los celos, de lo contrario al placer de la conquista, lo que le brinda más independencia.

4)      Entre los 6 y 12 años, se enfrentan a la escolaridad, las relaciones sociales externas y la instrucción sistematizada. Sublima la lívido en la competitividad con los pares y busca reconocimiento por su capacidad de realizar tareas, al no obtenerlos experimenta sentimientos de inadecuación o inferioridad.

Para el periodo de la adolescencia establece dos etapas con los siguientes conflictos:

5)      Entre los 12 y 18 años, que es comprendida como la etapa del advenimiento de la pubertad y del abandono del periodo de infancia, todas las mismidades y continuidades vuelven a ser puestas en tela de juicio. Para generar su identidad pone a prueba lo conocido y busca nuevos referentes estableciendo ídolos e ideales. El peligro en esta etapa, corresponde a la confusión de rol, que podría derivar en una tendencia a una indefinición sexual, un comportamiento delictual y/o, episodios psicóticos.

6)      Entre los 18 y 20 años, busca intimidad con otro. Es la etapa de mayor intensidad y exploración sexual y puede por temor a la pérdida, tender al aislamiento.

A su vez, para el periodo de la adultez, también dos etapas con los siguientes conflictos:

7)      Entre los 20 y 50 años, el hombre maduro requiere guiar, generar, crear, de no experimentar la autoconfianza necesaria puede derivar hacia un estancamiento.

8)      Desde los 50 en adelante, el hombre experimenta una integridad del yo, al haber sorteado bien cada etapa y fortalecido tanto sus relaciones sociales como consigo mismo. Está conforme con haber pasado esas etapas y no teme a la muerte. Contrariamente, de no ser así, desarrolla un sentimiento de desesperación por la no aceptación de la propia vida.

Si nos basamos en las categorías propuestas por Erickson y sus descripciones, resulta evidente que la aplicación del terrorismo de Estado sobre los sujetos bajo las distintas etapas acá expuestas no puede conducir a resultados similares. Por lo tanto, el miedo resultante y las formas en que este se manifiesta, debieran también ser estudiados desde una perspectiva que incorpore y considere un aspecto de tal envergadura para sus resultados y análisis posteriores.

Una forma, sería la incorporación de una tipología basada en las etapas del desarrollo psicosocial de Erickson, que contemple los siguientes rangos, para la contrastación de los efectos de tipo de miedo resultante de la aplicación del terrorismo de Estado, según la etapa de desarrollo psicosocial en que estaban cursando al momento en que este le es infligido.

1)      Infancia: Entre 0 y 11 años.

2)      Adolescencia: Entre 12 y 19 años.

3)      Adulto: Entre 20 y 49 años.

4)      Desde los 50 años en adelante.

5)      Aquellos que no fueron víctimas directas del terrorismo de Estado.

La contrastación de resultados en el estudio de los efectos en el tipo de miedo generado para cada una de estas categorías analíticas, permitiría identificar si efectivamente la ausencia de aplicación de terrorismo de Estado en forma directa sobre los sujetos, incide de algún modo en el mayor o menor grado de miedo con que esos enfrentan, tanto individual como colectivamente, su rol político-ciudadano.

 

 

 3) La emergencia del sujeto político, como condición de posibilidad.

Para el caso chileno, en sentido de una actualización crítica, particularmente la posible emergencia de un nuevo actor político, tiene altas implicancias debido a la posible ruptura que este pudiera generar en la articulación del estado de cosas al que ha propendido históricamente. Si durante el año 2006 aparece en escena una primera oleada del mencionado movimiento estudiantil, que ya genera su propio espacio de transformación discursiva y ampliación del marco de posibilidades participativas; el caso de su nueva irrupción en 2011, de manos de los estudiantes secundarios que en aquella época fueran los estudiantes de educación primaria que observaban sin poder participar, sencillamente rompe el molde, desbordando los marcos de la institucionalidad y la política vigente, generando niveles de presión sobre sus matrices, que hasta el momento y luego de la vuelta a la democracia, no se habían generado.

Este movimiento, enmarcado en el contexto de la post transición, que hasta el presente año sigue arrojando multitudes (Hardt & Negri) a manifestarse a las calles, que durante prácticamente durante un año dejara semi paralizada la educación en Chile y generando amplia aprobación ciudadana, instala un terreno fértil de análisis político.

Desde la estricta definición proveniente de la ciencia política, y en contraposición de otras formas de expresión social y colectiva u organizaciones sociales, los movimientos sociales, que tienen su aparición en la historia a finales del siglo XVIII, son aquellos que cuentan con los siguientes tres elementos:

  1. Un esfuerzo público, organizado y sostenido por trasladar a las autoridades pertinentes las reivindicaciones colectivas (campaña)
  2. El uso combinado de algunas de las siguientes formas de acción política: Creación de coaliciones y asociación con un fin específico, reuniones públicas, presiones solemnes, vigilias, mítines, manifestaciones, peticiones, declaraciones a y en los medios públicos, y propaganda (Repertorio del movimiento social)
  3. Manifestaciones públicas y concertadas de WUNC[1] de los participantes: Valor, unidad, número y compromiso, tanto de los actores como de su circunscripción. (Tilly & Wood, 2008)

Características con las cuales contaría ampliamente el así llamado “movimiento estudiantil” que hiciera aparición a comienzos del año 2011.

También desde la ciencia política y fuertemente derivado desde la teoría general de sistemas, Easton, expone que los sistemas políticos se comportarían del siguiente modo: “puede denominarse sistema político a aquellas interacciones por medio de las cuales se asignan autoritariamente valores en una sociedad; esto es lo que lo distingue de otros sistemas de su medio. El ambiente mismo puede dividirse en dos partes. La primera consta de todos aquellos sistemas que pertenecen a la misma sociedad que el sistema político pero que no son sistema político.” (Easton, 1992, pág. 224) Lo que conduce a las definiciones en el primer caso de actores sociales y en el segundo de actores políticos. Según lo expuesto por Bouza-Brey refiriéndose al mismo modelo de sistema político, desde distintos elementos del sistema social se generarían demandas y apoyo hacia el sistema político. Estos serían procesados por el sistema político a través de sus distintos actores. (Bouza-Brey, 1991)

Desde la ciencia política, en contraposición al actor social como actor individual, es posible definir al actor social (colectivo) como “aquella entidad i) cuyos miembros están integrados en torno a similares-o, al menos, convergentes- intereses, percepciones y creencias con respecto a un problema, ii) que cuenta con cierto grado de organización y recursos y con mecanismos para la resolución de conflictos internos, iii) que tiene los medios y la capacidad para decidir y/o actuar intencionada y estratégicamente para la consecución de un objetivo común como unidad suficientemente cohesionada, lo que le identifica y diferencia frente al resto y iv) a las que, por tanto, se les puede atribuir alguna responsabilidad por sus decisiones y/o actuaciones. En otras palabras, un actor es una unidad de decisión-acción responsable. (García Sanchez, 2007, pág. 206)

Cabe agregar la descripción de los partidos políticos que desde la misma disciplina nos aporta (Mainwaring & Scully, 1995) donde proponen como su definición basándose principalmente en Sartori: “como cualquier grupo político que se presenta a elecciones y es capaz, por medio de las elecciones, de colocar candidatos para cargos públicos” (pág. 1) y agregando que “un partido político que quisiera presentar candidatos a cargos públicos pero no pudiera hacerlo, sea porque está proscrito, o porque no se celebran elecciones, es también un partido.” (Mainwaring & Scully, 1995, pág. 2) Y que su importancia radicaría en “que son los principales agentes de representación política y son virtualmente los únicos actores con acceso a cargos de elección popular en la política democrática.” (Mainwaring & Scully, 1995)

Desde las revisiones sociológicas del paso transicional de la dictadura a la democracia del caso chileno, es posible encontrar que bajo estas mismas definiciones, Garretón explica la relación que entre ambos actores se transforma desde una relación imbricada entre actores políticos (partidos políticos) y actores sociales (movimientos sociales), a una relación tensionada entre ambos. (Garretón, 1993)

Por otra parte, el mismo autor señala, al hacer una revisión de los movimientos sociales en América Latina bajo el contexto nuevo de los fenómenos de transformación cultural y estructural ligados a la globalización; la desarticulación de la relación entre Estado y sociedad bajo la matriz clásica y la generación de una nueva configuración de los movimientos sociales y los actores sociales que pasarían de mostrar una tendencia a generar proyectos de cambio social con vistas a una transformación político-económica de corte estructural, mientras que aquellos actuales serían más fluctuantes, ligados a lo sociocultural y centrados en reivindicaciones por calidad de vida. (Garretón, 2002) Lo cual indica que si bien, distingue entre actores sociales y actores políticos como pertenecientes a esferas diferentes, desde las cuales se generan intercambios, también es posible que la orientación accional de los actores pertenecientes a la primera puedan dirigirse hacia la transformación estructural de ambas.

En esa misma revisión, Garretón propone una definición más amplia de los movimientos sociales que permite orientar mejor la perspectiva de análisis del caso propuesto. En ella propone la diferencia entre “el Movimiento Social (mayúsculas, singular) orientado al nivel histórico-estructural de una determinada sociedad y definiendo su conflicto central. Por otro lado, movimientos sociales (plural, minúsculas) que son actores concretos que se mueven en los campos de los mundos de la vida y de las instrumentalidades, organizacional o institucional, orientados hacia metas específicas y con relaciones problemáticas que se definen en cada sociedad y momento, con el Movimiento Social Central.” (Garretón, 2002, pág. 9)

Por otra parte, Moulian, también desde la sociología, propone su análisis político del caso chileno considerando la matriz de sentido estructural marxista. Parado desde ahí, expone la separación entre dominadores y dominados, cada uno con su propio frente de poder. Así, en el segundo sitúa la articulación desde su propio eje de poder, de partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales. (Moulian, 2006; 2009) Y aunque lo hace no como base teórica sino como claves de lectura, es posible identificar este esquema en todo el recorrido explicativo.

Sin embargo, en el trabajo conjunto que realizan ambos autores, en torno al conflicto en Chile político en Chile entre 1970 y 1973, como parte de las explicaciones de las limitaciones del tipo de análisis, excusan que: “Ellas provienen en general de una misma raíz: el sesgo “politicista” que lleva a sobreenfatizar las superestructuras políticas como actores principales del periodo. Ello hace, por un lado, descuidar las interrelaciones entre crisis económica y política. Por otro lado se tiende a subestimar el rol de los actores sociales no específicamente políticos* y el análisis de clases propiamente tal.” (Garretón & Moulian, 1978, pág. 12)

A esto agregaría, que mientras estos autores insisten en sistematizar esta escisión entre ambas esferas, muy por el contrario, Touraine, defensor de la teoría de la dependencia, es enfático en establecer que “no existe en un país dependiente una separación clara entre actores sociales, fuerzas políticas representativas y Estado.” (Touraine, 1987, pág. 13) por cuanto se produciría una fusión de los actores sociales, de las fuerzas políticas y del Estado, en lo cual consiste su primera hipótesis del libro. O dicho de otro modo:

“La ausencia de una clase dirigente hegemónica, como la debilidad de un estado nacional dependiente, explica el carácter en general muy abierto de los sistemas políticos dependientes y, por consecuencia, la importancia de los esfuerzos, muchas veces vinculados con las relaciones de dependencia, para reprimir una participación sociopolítica difícil de controlar y de regular.” (Touraine, 1987, pág. 12)

Aunque cabe también señalar que esta descripción responde a un contexto anterior y diferente al descrito por los otros autores. Lo que de todos modos no le resta validez a la condición de posibilidad de penetrabilidad entre ambas esferas, a decir, social y política.

A partir de lo planteado por los distintos autores aquí expuestos, resulta indispensable hacer la revisión del caso del mencionado movimiento estudiantil post transición, enfatizando en los conceptos de sistema político, que son la base discursiva de todos, indistintamente de su disciplina. Así, sí se acepta que el actor social y el actor político provienen de esferas distintas de la vida, también es posible sin embargo, rechazar la desestimación o subestimación, del actor social como posible actor político. Por cuanto, 1, El actor social puede penetrar en la esfera de la política bajo la figura de la creación de un partido político, pero también según una perspectiva más aperturista, bajo otras formas organizativas. 2. Estos, en su articulación y orientación accional no necesariamente requieren de la intermediación de los partidos políticos para la sintetización de demandas, sino que pueden ejercer presión directamente sobre todo el sistema político, sin intermediario alguno y generar transformaciones estructurales sobre él, lo que lo dota de politicidad.

Por lo tanto y poniendo en relación este análisis con los antecedentes del movimiento estudiantil post transicional, es posible argumentar que existen condiciones de posibilidad para la emergencia de un sujeto o actor político desde el movimiento estudiantil y desde el actor social que ya ha emergido ahí. Es desde esa condición de posibilidad que hay que indagar cuanto inciden distintos factores a considerar. Dentro de estos, aquellos efectos del miedo resultante de la aplicación del terrorismo de Estado, que para el grupo perteneciente al movimiento, en el peor de los casos, solo será de forma indirecta, mediante el relato y las consecuencias.

 

Conclusiones

Sin lugar a dudas, emprender la tarea de una investigación de tal envergadura implicaría un arduo y sinuoso camino, lleno de obstáculos epistémicos, metodológicos y prácticos. ¿Pueden extrapolarse los resultados en base a una tipología del desarrollo psicosocial cuando esta está enfocada al sujeto, desde el terreno de lo individual a lo colectivo?, ¿Pueden investigarse los efectos del terrorismo de Estado en el tipo de formación de miedo aislando otras variables que están también imbricadas dentro de los mismos fenómenos planteados?, ¿Cuál es la muestra adecuada para dicha propuesta? Entre otros. Pero esto no puede ser un impedimento a la búsqueda de respuestas de tan alta relevancia para la comprensión del momento presente, de nuestra historicidad y las condiciones de posibilidad para una transformación política.

Hegel dijo muy bellamente, “Cuando la filosofía pinta el claro oscuro, ya un aspecto de la vida ha envejecido y en la penumbra no se le puede rejuvenecer, sino solo reconocer: el Búho de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo.” (Echeverría, 1997, pág. 24) Nosotros podemos oponer toda clase de impedimentos a aquello que todavía no es evidente sin darnos cuenta. A veces, es necesario, aunque sea a costo de hacer las cosas más difíciles, dar espacio a la posibilidad. Por lo que, nos queda de frente propuesto un desafío.

Finalmente resulta gravitante en términos de la distribución del sentido y significación que adquieren bajo su utilización los conceptos, la apropiación del lenguaje que permite poner en su lugar y respondiendo al sentido común, cuando este se basa en información adecuada, arrebatando su uso monopólico a la institucionalidad. Dicho de otro modo, hay distintos espacios de uso monopólico que inciden en la obtención y mantención de los distintos regímenes de poder, por lo que, resulta de suma relevancia la lucha por estos. Y así como uno de ellos es el del uso de la violencia física legítima, también lo es el estado de dominio sobre el lenguaje que articula el sentido de interpretación del mundo, y más específicamente para el caso, del reparto del sentido del lenguaje en torno a lo político. En palabras de Foucault, (1992, pág. 3)“…el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse.” y por lo tanto, insisto, es indispensable, llamar terrorismo de Estado a este proceder racional/irracional, aún cuando y sobre todo porque, se trata del Estado, del mismo modo que hay que considerar la posibilidad del surgimiento de un sujeto a actor político desde el actor social. De otro modo, nuestro trabajo no se orientaría a permitir siquiera la condición de posibilidad necesaria para alguna transformación política y tal vez podríamos sin saberlo expresar en ello solo una de estas formas de miedo producidas por los regímenes que han trabajado tan exitosamente para ello.

 

 

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** Traducción propia.

[1] Sigla en inglés: Worth, Unity, Number and Compromise

* El destacado de la frase se ha agregado para enfatizar la implicancia de lo propuesto por los autores.

Terrorismo de Estado: Cuando el monopolio del uso de la violencia como coacción física se extrema bajo una lógica de la racionalidad/irracionalidad sistematizada.

El Estado como tal, surge junto a los ideales modernos de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, enarbolados en el proceso de la revolución francesa, como sustitución del antiguo régimen de poder ejercido por la monarquía; en virtud del cual, se establece el cuerpo del derecho y surgen la nociones de ciudadanía y sociedad civil, al mismo tiempo que se rescata el valor político de la antigua democracia griega. Pero, ¿Cuál es la función del Estado y dónde se fijan sus límites?, ¿Cómo actúa y sobre quiénes?, ¿De qué depende su estabilidad y cómo se articula su rango de acción?, ¿Cómo se establece su razón de ser y de qué modo esta se legitima? En pocas palabras, ¿Qué es el Estado y qué implica su existencia?

Si bien el Estado ha pasado por un complejo proceso de transformación desde sus inicios hasta la estructura y forma que conocemos hoy, o que está más ampliamente difundido (especialmente en el mundo occidental), y cada una de sus etapas tienen relevancia de sobra para ser analizadas; resulta gravitante para el análisis del fenómeno de terrorismo de Estado, antes enunciado, poner el mayor énfasis en sus últimas etapas, por cuanto es en estas que se producen las lógicas que le son propias e indispensables para tal fenómeno. Alrededor del siglo XVI, según lo expuesto por Michel Foucault, (Foucault, 2007) el Estado es claramente identificable por ciertos aspectos fundamentales que guardan relación con la razón de Estado.

Un primer aspecto propio de aquella, consiste en que el Estado se define como una realidad específica y autónoma, lo cual supone que el gobernante debe considerar una serie de normas que están por encima y por fuera del mismo (divina, moral, natural, etc.) pero no regirse por ellas ni cumplir un rol ligado a estas. “El Estado no es ni una casa, ni una iglesia, ni un imperio” (Foucault, 2007, pág. 20) Luego, se sigue que el Estado tiene una existencia por y para sí mismo y en plural, como Estados. Esta se materializa en una serie de maneras de gobernar, como el mercantilismo, producto del cual es posible establecer tres aspectos diferenciables en su funcionamiento. “en primer lugar, el Estado debe enriquecerse mediante la acumulación monetaria; segundo, debe fortalecerse por el crecimiento de la población; y tercero, debe estar y mantenerse en una situación de competencia permanente con las potencias extranjeras.” (Foucault, 2007, pág. 21)  Un segundo aspecto derivado de esta razón de Estado, guarda relación con la gestión interna, o también más conocida como Estado policía y como tercer aspecto, la constitución de un ejército y diplomacia permanentes. (Foucault, 2007)

Sin embargo, la forma en que el Estado se comporta en cada una de estas esferas (mercantilismo, Estado policía, balanza europea-actualmente relaciones internacionales-) no responde a la misma lógica. Si para enfrentar a los otros Estados, es decir, en torno a su política exterior, es limitado (cada Estado debe autolimitarse, defendiendo su soberanía, pero sin aspirar a volverse un imperio) contrariamente, en su política interior, la razón de Estado conduce mediante el Estado de policía, a un accionar ligado a una serie de objetivos ilimitado. “La limitación del objetivo internacional del gobierno según la razón de Estado, la limitación en las relaciones internacionales, tiene por correlato la ilimitación en el ejercicio del Estado de policía. (Foucault, 2007) Lo cual incide en la intervención de los aspectos más ínfimos de la vida de las personas.

Por otra parte, Max Weber, reafirma la famosa frase expuesta por Trotsky “Todo Estado está fundado en la violencia” (Weber, 1992, pág. 88), para explicar que “El Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio-el «territorio» es un elemento distintivo- , reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima.*” (Weber, 1992, pág. 88) Lo cual implica que para cualquier otro individuo o asociación de estos, la violencia que pueden ejercer es estrictamente aquella que el Estado permita. En palabras de Weber, “Él es la única fuente del «derecho» a la violencia.” (Weber, 1992, pág. 88) A esta definición, cabría agregar aquella propuesta por O’Donnell, donde señala que “El Estado es, fundamentalmente, una relación social de dominación; o dicho con más precisión, un aspecto –y como tal solo comprensible analíticamente- de las relaciones sociales de dominación.” (O’Donnell, 1978) agregando que, “El Estado apoya y organiza estas relaciones de dominación por medio de instituciones que suelen gozar de un monopolio de los medios de coerción dentro de un territorio definido, y que generalmente se considera que tiene un derecho legítimo a garantizar el sistema de dominación social.” (O’Donnell, 1978, pág. 3)

Entonces cabría preguntarse qué hace que la ciudadanía obedezca consintiendo a esta distribución del poder diametralmente asimétrica, legitimándolo. Una respuesta posible la brinda el contractualismo. Según Thomas Hobbes (Godoy, 1986), bajo un estado de naturaleza, los hombres se inclinarían hacia la manifestación de la guerra del todos contra todos, por cuanto las necesidades de dominación de unos sobre otros en vistas de la obtención del poder y la seguridad, impediría la obtención de un grado mínimo de armonía o paz, a falta de un ente interventor que dirima y ordene la vida de los hombres. Esta función es ejercida por el Estado, bajo la forma de un contrato social entre este y la ciudadanía, donde esta última acepta someterse obedientemente al Estado, dejando de lado su libertad, a cambio de la protección y seguridad que este le otorga en la ejecución de sus funciones, bajo un estado artificial de cosas.

Ahora, por cuanto la relación Estado-ciudadanía se basa en un contrato social, este implica también ciertas condiciones que permitan su legitimidad, como aquellas que otorgan la democracia, el sistema de partidos y la alternancia política. Al respecto, Castoriadis (1995) propone una categórica distinción entre la democracia como mero procedimiento y como régimen, por lo que termina denominando a las democracias occidentales modernas como pseudo democracias al compararlas con la noción de democracia de la antigua polis griega: el gobierno del pueblo** (Coppedge, y otros, 2011, pág. 248). Pero, aún así, basándonos en esa pseudo democracia, procedimental y vacía, en lo que se ha convertido hacia nuestros días, es indispensable establecer una definición mínima que permita diferenciarla de otras formas de gobierno.

En esta dirección, el tipo de democracia que ha preponderado en occidente, según Zakaria, (1997) es la democracia liberal, es decir, un sistema político marcado por elecciones libres y justas, pero también por el régimen de la ley, la separación de los poderes del Estado, así como, la protección de las libertades de expresión , reunión, religión, y propiedad. Y aunque existen numerosas y distintas formas de aplicación de la democracia moderna, algunos focos de discusión se centran en si esta es participativa, (de suma escases) es decir, heredera de la democracia directa de la experiencia de Atenas, donde priman las formas variadas de participación ciudadana (asambleas, primarias, movimientos sociales, reuniones de alcaldía etc.)* (Coppedge, y otros, 2011); o representativa, que se basa en la elección de representantes, aunque en torno a esta, otros autores como O’Donnell (1994) trabajan la distinción entre democracia delegativa y representativa, en cuanto a los mecanismos (tanto verticales como horizontales) que esta última tiene para la otorgación de rendición de cuentas de los funcionarios de cargos públicos.

Sin embargo, la descripción que el mismo autor hace en trabajos anteriores, respecto de la interrupción en la democracia que produce el Estado burocrático-autoritario, resulta altamente relevante para el análisis propuesto. En ella, siguiendo la tradición marxista, explica que el Estado democrático, como tal, en un régimen capitalista, “…mantiene y estructura la dominación de clase, en el sentido de que esta dominación está enraizada, principalmente en una estructura de clase que, a su vez, tiene su fundamento en la operación y reproducción de las relaciones capitalistas de producción.” (O’Donnell, 1978, pág. 3) y propone que hay dos formas procedimentales que se establecen como mecanismos de legitimación del Estado mediante la democracia: por un lado, la igualdad abstracta de los sujetos, en la aplicación del sufragio universal, lo que justifica que el régimen se basa en el consentimiento ciudadano y luego, el derecho de recurrir a instancias de protección jurídica regulada frente a los actos arbitrarios por parte de las instituciones del Estado. (O’Donnell, 1978) Esto en términos generales.

Ahora, una vez quebrantada esta,  y al referirse a este Estado burocrático autoritario, expone como características que es garante y organizador de la dominación ejercida, donde la base principal del Estado es una alta burguesía con características oligopólicas y trasnacionalizadas; con instituciones donde el peso está puesto en los especialistas en la coerción y la normalización de la economía; con un sistema de exclusión política (de un sector popular antes activo) sometido a controles estrictos que lo saquen del campo de acción política; con la consecuente supresión de la ciudadanía; junto a la exclusión económica del sector popular y la despolitización de los problemas sociales. (O’Donnell, 1978) También hace hincapié en los efectos de este tipo de régimen político en la legitimidad del Estado mismo. En sus palabras, “…solo puede ser legitimado si parece residir en referentes externos a cuyo interés general se supone que sirven las instituciones estatales. Normalmente estos referentes externos son la nación, conjuntamente con la ciudadanía y el pueblo…” (O’Donnell, 1978, pág. 5)

Luego, si bajo un régimen democrático, con sistema de partidos y alternancia política; sujeto a sistemas institucionales de supervisión procedimental y mecanismos que incorporen algún grado de participación ciudadana en vistas de su legitimidad; el Estado encarna esta institución de instituciones, poseedora del monopolio del uso legítimo de la violencia física como medio de coerción social, bajo una lógica de razón de Estado que le insta a la obtención de objetivos ilimitados en el ejercicio del Estado policía y la intervención de los aspectos más ínfimos de la vida de las personas; ¿Qué alcances puede tener estas atribuciones estatuidas bajo un régimen dictatorial, antidemocrático, como el descrito bajo la categorización de los Estados burocráticos-autoritarios?

El control y ejercicio de la violencia física como medio coercitivo, bajo estas condiciones “Excepcionales”, apeladas bajo el descriptor de Estado de excepción que existe como figura legal en muchas de las constituciones de los Estados Nación, permite la anulación o suspensión de derechos humanos universales y fundamentales; y muchas veces se convierte en el resquicio legal bajo el cual se perpetra un golpe de Estado que da paso a la dictadura o Estado autoritario. Según Dietrich, “El concepto de Estado de excepción se basa en el supuesto de que, en algunas situaciones de emergencia política, militar o económica, el régimen de limitación y equilibrio de poderes, propio de las reglas de juego constitucionales, tenga que dejar vía libre a un poder ejecutivo más fuerte, e incluso al ejército.” (Dietrich, S/A) Lo que incluso puede conducir a lo que Agamben ha denominado el estado de excepción como paradigma de gobierno, lo que implicaría que “…la declaración del estado de excepción ha sido sustituida de forma progresiva por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica habitual de gobierno” (Agamben, 2004) Lo cual implica a su vez, que el fenómeno analizado podría presentarse en otras formas de gobierno diferentes a una dictadura o estado burocrático-autoritario, a decir, en plena democracia.

Luego, bajo estas condiciones excepcionales y sus libertades y atribuciones, no hay cabida para el control del accionar por parte del Estado y al mismo tiempo, toda la institucionalidad que cumplía esta labor, vuelca su utilidad hacia el control de la población y de los posibles actos de rebelión o subversión consecuentes de un gobierno y un Estado deslegitimado. Sin un límite al accionar del Estado, que cuenta a su haber con la posibilidad de aplicación de las policías e incluso del ejército como medios de fuerza física que ejerzan suficiente coerción, el resultado es abrumadoramente peligroso y capaz de alcanzar niveles insospechados de violación sobre los derechos humanos, en total impunidad, incluso sistematizando su aplicación.

Existe una amplia documentación acerca de los tipos de violaciones de derechos humanos, los índices de su aplicación y consecuentes efectos en la población, especialmente para algunos de los casos latinoamericanos. (Kordon, Edelman, Lagos, & Kersner, 2005; Lira & Castillo, 1991)  Y ha existido sumo cuidado en denominar a este proceder por parte del Estado como terrorismo de Estado, sin embargo, algunos autores frente a estos mismos fenómenos estudiados, no han vacilado en denominarlo así. (Guinsberg, 1987)

Por otra parte, esta aplicación sistematizada del ejercicio de la violencia física, como queda claro en la descripción de O’Donnell, antes mencionada, se aplica y ejerce sobre una fracción determinada de la población a la cual se pretende retirar de la arena política, lo cual implica que su misión, como acción racional con arreglo a fines, con un claro sentido mentado de la acción (Weber, 2008), no se limita al exterminio de esta fracción (en muchos casos esto resulta inaplicable) sino a la atemorización, es decir a la producción de terror, producto de esta aplicación sistemática y de la impunidad en que queda reducida la experiencia.

Si bien este miedo producido bajo regímenes que ejercen estas prácticas, no es tan fácil de diagnosticar y analizar, bajo la mirada de autores como Lechner, aún cuando este miedo queda en muchos casos disfrazado y trasvasijado su sentido, hacia otras problemáticas como la delincuencia; es posible su observación en la clara disminución de la participación política, el rechazo a todas las actividades vinculadas a esta y una inercia política asociada a una despolitización, donde además se produce un volcamiento del interés social hacia el consumo. (Lechner, 1990) En vistas de todos estos antecedentes cabría agregar la pregunta ¿Existe como tal un terrorismo de Estado?

Según Rafael Serrano, “El término terrorismo no tiene una definición jurídica formalmente acordada en el ámbito internacional. A pesar de ello, las más variadas definiciones que se han podido identificar –jurídicas o no- tienen como puntos recurrentes la violencia con un propósito político o social, así como el intento de intimidar y dirigir el acto a civiles o no combatientes.” (Serrano, 2003, pág. 355) Según Mkhondo, citado en Serrano (2003) a diferencia de la delincuencia común, donde existiría un agresor y una víctima, aquí se requiere una tercera parte que pueda ser intimidada por lo que le pasó a la víctima. Parte de la lucha ideológica por la definición de terrorismo ha conducido a este resultado inconcluso, debido a que por una parte “…los líderes de las economías desarrolladas estaban tensos por definir un terrorismo que incluyera el concepto de ‘Estados terroristas’, [y por otra] los representantes de los países del tercer mundo estaban inquietos de una definición que pusiera un mayor peso sobre ciertos participantes, no pertenecientes al Estado, sin diferenciar entre el terrorismo, propiamente, y una lucha de clases por la liberación nacional.” (Serrano, 2003, pág. 360)

Sin embargo, por mucho que no exista esa consensualidad u acuerdo global, resulta argumentable a la luz de los antecedentes entregados y aquí analizados, que es perfectamente aceptable bajo una lógica imparcial, establecer que ante la 1) Aplicación sistemática del uso monopólico de la violencia por parte de un Estado, sea mediante policía, ejercito, u otras instituciones (inteligencia, gendarmería etc.); 2) sin ningún tipo de ente interno o externo que la regula y controle; 3) sobre un grupo específico de la población; 4) con la finalidad intencional y estratégica de atemorizarla y retirarla de la arena política; 5) atentando contra sus derechos humanos fundamentales; es aquí y ante nuestra mirada, evidentemente, terrorismo de Estado.

Marcuse, en el hombre unidimensional, desde una perspectiva marxista, nos dice respecto al sistema capitalista y a los ánimos de la sociedad del desarrollo por mostrar sus beneficios y motivaciones, cuando son contrapuestas frente a la miseria que le es consecuente, que “…su pomposa racionalidad, que propaga la eficacia y el crecimiento, es en sí misma irracional.” (Marcuse, 1985) Frente al desenvolvimiento de hechos de esta magnitud, que siempre encuentran una explicación del todo racional y argumentativa, resulta inminente la aplicación de la misma lucidez para evaluar, al modo de los autores herederos de la escuela de Frankfourt, la irracionalidad en la racionalidad. Como consecuencia de ello, no solo deslegitimar este tipo de accionar desde el Estado, sino que acusarlo y bajo las categorizaciones y el peso que estas conllevan, esgrimir los modos de combatirla.

Finalmente , resulta gravitante en términos de la distribución del sentido y significación que adquieren bajo su utilización los conceptos, la apropiación del lenguaje que permite poner en su lugar y respondiendo al sentido común, cuando este se basa en información adecuada, arrebatando su uso monopólico a la institucionalidad. Dicho de otro modo, hay distintos espacios de uso monopólico que inciden en la obtención y mantención de los distintos regímenes de poder, por lo que, resulta de suma relevancia la lucha por estos. Y así como uno de ellos es el del uso de la violencia física legítima, también lo es el estado de dominio sobre el lenguaje que articula el sentido de interpretación del mundo, y más específicamente para el caso, del reparto del sentido del lenguaje en torno a lo político. En palabras de Foucault, (1992, pág. 3)“…el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse.” y por lo tanto, insisto, es indispensable, llamar terrorismo de Estado a este proceder racional/irracional, aún cuando y sobre todo porque, se trata del Estado.

 

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Zakaria, F. (1997). The Rise of iliberal democracy. Foreign Affairs , 22-43.


* Las negritas fueron puestas para reemplazar las cursivas del autor, debido a las características de la cita.

** Traducción propia.

* Traducción propia.

El miedo en la población latinoamericana, la secuela del autoritarismo y de la amenaza política como recurso docilizante.

Es de conocimiento popular, que en los circos donde hay elefantes, estos generalmente están atados al piso de una de sus patas, con apenas una cuerda o una pequeña cadena unida a una estaca y que al animal le bastaría solo un jalón para liberarse de aquella, sin embargo no lo hace y permanece dócil y anclado.

La hazaña del domador o dueño del circo, consiste en atarlo desde que es apenas una cría, con cadenas lo suficientemente fuertes como para resistir todos sus intentos de zafar. El elefante pequeño intenta una y otra vez su huida, jala sin resultado, hasta que por fin se cansa y asumiendo que ya no podrá lograrlo, deja de intentar. Desde ese punto, el amo, ya sabe que puede atarle con cualquier cuerda que cumpla la función de “recordarle” al animal, que no puede huir.

Pablo Neruda nos dice en su Canto General, que “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”[1], en otras palabras, según lo expresado por León Rozitchner “La represión reprime lo que ya emergió, pero lo reprimido, por ser pulsional e inherente a la vida misma no puede ser nunca doblegado definitivamente: constituye la base insublimable de la humanidad. Retorna una  y otra vez mientras haya vida.”[2]

La historia nos muestra, con ejemplos como la revolución francesa o las conquistas de independencia en distintos países del orbe, incluyendo gran parte de Latinoamérica, como, independientemente de los resultados muy a posteriori, las grandes revoluciones sociopolíticas, han sido promovidas y batalladas por los pueblos, de modo que, aunque no toda lucha conduce a una revolución, si toda revolución, ha nacido y es producto necesariamente de la lucha.

Sin embargo, la historia también, aunque en forma soterrada y poco detallada, nos entrega información acerca del desenvolvimiento de los hechos políticos, sociales y económicos durante los últimos centenarios en América Latina, luego de estas independencias alcanzadas. Y si bien, las fuentes más oficialistas destacan los acontecimientos históricos que convienen más a sus propósitos, aun contamos con el registro histórico de autores de la talla de Eduardo Galeano u otros, que rescatan los crudos episodios tan poco contados en la historia oficial y que tanto han colmado de dolor a estos maltratados pueblos. Según sus palabras: “La lluvia que irriga a los centros de poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes -dominantes hacia adentro, dominadas hacia afuera- es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga.”[3]

En ellos, da cuenta de los reiterados e incontables alzamientos y movimientos, protagonizados por obreros, mineros, indígenas, estudiantes, jornaleros, campesinado, mujeres, etc. Movimientos sociales que de común, comparten motivos de: injustica, pobreza y explotación y que de resultado también tienen algo en común: el fracaso ligado a castigos de toda índole, a la no obtención de lo reclamado y a un continum de sometimiento.

También hay de común en las historias de estos pueblos, una combinación paradigmática, entre una pretensión de modernidad y la conservación de estilos sociopolíticos correspondientes a un tipo más bien monárquico, heredado y adaptado en pequeños grupos de poder, en manos del mestizaje de ambos mundos, a decir, el mundo occidental y el mundo “indígena y salvaje” colonizado.

Bajo esta hibridación entre ambas concepciones, que por una parte movía y aun mueve, a sus beneficiarios herederos, a modalidades políticas orientadas hacia la conservación tanto de los privilegios, como de las estructuras del viejo orden y el poder. Al mismo tiempo que, la necesidad de inserción en la globalidad y sus ventajas los impulsa a la generación de cambios graduales que, al incorporar ciertas tecnologías, metodologías y nociones políticas y sociales, van acercándoles a mejoras en las escalas de los estándares mundiales; las sociedades latinoamericanas comienzan a generar particularidades en sus sistemas políticos, que los diferencian del resto del mundo y que los sitúa en ciertas condiciones diferenciables a distintos niveles.

En términos de estructura política, Latinoamérica se destaca en un largo periodo por la sucesión de dictaduras, golpes de Estado, periodos acéfalos, guerras civiles, que se resumen en un solo epíteto: Autoritarismo. El periodo de los autoritarismos en Latinoamérica, que tuvo su clímax en la década del 70, si se caracterizó por un tipo de acciones políticas, a nivel de los mandos superiores, cargada de juego sucio y un manejo internacional cruzado por presiones, negociaciones e intervencionismo desde las hegemonías políticas, mucho más reconocible es el alto grado de violencia ejercida en contra de la sociedad civil, especialmente en los estratos más vulnerables.

El periodo de los autoritarismos latinoamericanos, arrasó con una creciente fuerza contestataria que se articulaba en los distintos países y desde distintas fuentes discursivas y movimentistas de los 60. Así, tanto movimientos de obreros, de campesinado, de estudiantes, de mujeres, de gremios, de partidos políticos específicos ligados a la lucha social, vieron desmoronarse en cosa de unos instantes, construcciones organizativas, políticas y sociales, que quedaron reducidas a la clandestinidad.

La lucha organizada post golpes de Estado, si bien ha sido importantísima en el rol que les cabe como ejes fundamentales de las movilizaciones que incidieron en cada uno de los casos, en los respectivos retornos a la democracia, también es cierto que vieron profusamente mermada su capacidad convocante y aglutinante, para el ejercicio de la resistencia o de la lucha contra el régimen. Esto, debido por una parte, a la eliminación sistemática de sus miembros, en los proceso de persecución, prisión, tortura, exilio, desaparición, eliminación de identidad y muerte, ya sea en forma de masacre o individualmente. Pero también, por medio de la represión y la amenaza permanente, que conduce en cada caso al asentamiento de un estado constante de miedo, alerta e incertidumbre.

Los distintos países, puestos en “Estado de excepción” bajo la cautela de los grupos al mando, elaboran toda clase de discursos legitimatorios para tales distinciones y sus consecuentes acciones represivas y de control social. Uno de los más recurrentes discursos es aquel del orden, sin embargo no es el único ni tampoco el único que sea eficaz para el convencimiento de amplios sectores de la población civil y de distintos segmentos políticos, que ven en estos, la posibilidad de un periodo de calma, al dotarles de ciertas garantías ciudadanas a cambio de obediencia y docilidad frente a sus dictámenes.

Estos dictámenes, cargados de ideología que legitime sus acciones, están orientados en su mayoría, a detectar, perseguir y suprimir toda diferencia. Al respecto, Lechner afirma que: “…el nuevo autoritarismo se constituye como una experiencia compartida: experiencia de una violencia sistemática, de un orden programáticamente autoritario y excluyente. El objetivo de los golpes no es tanto el derrocamiento de determinado gobierno como la fundación de un nuevo orden. Se busca imponer una nueva normatividad y normalidad mediante procedimientos propios de una “lógica de la guerra”.” [4]

Ahora, si se toma en consideración la tremenda carga histórica que arrastran, los distintos pueblos que protagonizan estas verdaderas tragedias sociopolíticas, no es extraño que estas acciones represivas pasen a constituir una parte más de esta larga data del derrotero histórico que les precede, más que un proceso específico. Y si bien, una primera mirada a estas consecuencias indicaría todo lo contrario, es cosa de observar la perdurabilidad con que el miedo se ha instaurado en las distintas sociedades latinoamericanas, con sus respectivos pueblos, estratos, segmentos y toda clase de grupos, de modo que aun ya pasadas un par de décadas, desde los respectivos retornos a la democracia, incluso más allá de los periodos de transición, sea tan difícil que la sociedad civil se empodere en su rol político.

Según Lechner, “El debate sobre la democracia, al igual que gran parte del pensamiento político moderno, gira en torno a la seguridad; o sea, responde a miedos sociales. Del miedo a la guerra y la violencia, al desamparo y la miseria, surgen las tareas de la política: asegurar la paz, garantizar la seguridad física y jurídica (Estado de derecho) y promover la seguridad económica (Estado de bienestar).”[5] Sin embargo, aunque el enfoque aquí se sitúa en la forma generalizada con que se relacionan las sociedades y sus respectivos Estados, en base a la obtención de grados de certidumbre frente a la amenaza de estas distintas índoles mencionadas, también es cierto que en la especificidad del caso latinoamericano, esta tendencia a una mayor sumisión a propósito de esta necesidad de certidumbre y orden, ha llegado a niveles que podrían considerarse desastrosos en términos del tipo de democracia construida y del tipo de sujeto político en que se ha convertido el integrante promedio de la sociedad civil.

Desde este análisis y desde lo expuesto por el mismo Lechner, hay una diferencia entre necesidad de certidumbre en base al miedo y el miedo propiamente tal, aunque más que estar ligados, agregaría que aunque la base deficitaria del orden y funcionalidad política esté dado por dicha incertidumbre basada en el miedo, este puede estar en forma latente e inexplorada produciendo esta necesidad en los sujetos; mientras que el miedo manifiesto y evidente, que se presenta a un nivel más consciente, cuando se experimenta en torno a la vivencia de la amenaza política o de la posibilidad de ella, se comporta como un factor docilizante frente a la amenaza y a los posibles proveedores de dicha certidumbre.

Lechner, también expone frente a esta problemática, un cierto efecto paradojal que se produce en la relación de los sujetos frente a esta necesidad de certidumbre exacerbada, como consecuencia de la amenaza política producida en los procesos autoritarios, respecto de la autoridad y del tipo de proyecto político y ligada a una “cultura del miedo”.”Vivimos una cultura del miedo. Y esta herencia  persistirá, aunque desaparezca el régimen autoritario. (…) La dictadura agudiza una demanda de seguridad que a su vez nutre el deseo de una “mano dura”.”[6]

El mecanismo bajo el cual es posible tal nivel de necesidad de control a propósito de esta búsqueda de certidumbre, consistiría en su legitimación mediante la definición de un enemigo común como eje de malignidad, en torno del cual estar unidos para su ataque y exterminio. Así, “Circunscribiendo el peligro de un objeto visible, claramente identificable y oficialmente sancionado como “mal”, el temor se vuelve controlable. La operación es simple y conocida. Las diferencias son transformadas en “desviación” y “subversión” y sometidas a un proceso de “normalización”.”[7]

En ese sentido, Lechner destaca la importancia analítica, de que los índices de temor a la delincuencia en dictadura, en el caso chileno; sea superior al miedo a ser afectado por la amenaza política del mismo autoritarismo, en cualquiera de sus formas. Y bajo su perspectiva, “…el miedo explícito a la delincuencia, no es más que un modo inofensivo de concebir y expresar otros miedos silenciados…”[8]

La gravedad de esta forma de relacionarse con el miedo y la necesidad de certidumbre que se genera, sostiene y reproduce como legitimación, es que: “La cultura del miedo es no solo el producto del autoritarismo, sino, simultáneamente, la condición de su perpetuación.”[9]

Ahora, también desde otra perspectiva, el tema del miedo generado bajo estas condiciones en América Latina en los periodos de autoritarismo, como una especie de  continuidad histórica de las formas de hacer política y sus efectos, es abordado por la psicología de manos de Elizabeth Lillo y María Isabel Castillo de un modo aún más drástico. Según ellas, “Desde tiempos ancestrales, en América Latina la opresión la violencia represiva y el miedo han sido experiencias comunes a los indígenas, los campesinos, los mineros y los pobres. Las dictaduras de seguridad nacional modificaron la representación colectiva de la violencia política ejerciendo la presión de acuerdo a criterios ideológicos, sin hacer distinción de clases ni de grupos sociales. Este tipo de represión política ha privilegiado el uso de métodos psicológicos, métodos invisibles, en el control político de una sociedad determinada.”[10]

Desde esta propuesta teórica formulada por estas autoras chilenas, a propósito de los efectos de la última dictadura en el comportamiento posterior de sus víctimas, resulta interesante la descripción que hacen en torno al concepto de miedo, por cuanto este, por definición estaría circunscrito a un proceso acotado y específico, respecto de una amenaza interna o externa, con consecuencias de reacción, de las mismas características. En vez, en una especie de contrasentido fundamental, el miedo se ha vuelto crónico, integrado en forma permanente en la cotidianeidad de los sujetos.

Las consecuencias de este miedo crónico son múltiples. Por una parte, las formas de relación entre los sujetos cambian. Según lo expuesto por ambas autoras: “…cuando miles de sujetos son amenazados simultáneamente dentro de un determinado régimen político, la amenaza y el miedo caracterizan las relaciones sociales, incidiendo sobre la conciencia y la conducta de los sujetos. La vida cotidiana se transforma. El ser humano se hace vulnerable.”[11]

En este sentido, por ejemplo, las autoras exponen la aparición del fenómeno que consiste en la percepción de una idea de lo siniestro en la política, a raíz del miedo crónico establecido por la amenaza.

“Freud definió el carácter de lo siniestro, lo ominoso, haciendo referencia a la pérdida de los límites entre la realidad y la fantasía. La tortura, la desaparición de personas, las ejecuciones o asesinatos, como otras violaciones de derechos humanos son una expresión de lo ominoso en las relacione sociales, ya que la realidad sobrepasó los límites que la fantasía más perversa jamás pudo imaginar.”[12]

Por otra parte, si bien, el miedo producido por la amenaza política,  vinculado a los procesos de terrorismo de estado y sus efectos, han sido escasamente abordados; no solo no significa que los casos sean pocos, sino que da cuenta, justamente de lo contrario, según las autoras. Por lo que citan principalmente a escritores y poetas que dan cuanta de esta realidad subjetiva por montones, como este fragmento del poema de Julia Esquivel, basado en la violencia instaurada en el modo de hacer política en Guatemala.

“No tengo miedo a la muerte

conozco muy bien

su corredor oscuro y frio

que conduce a la vida

(…)

 Tengo miedo de mi miedo

y aun más del miedo de los otros

que no saben a donde van

y siguen aferrándose

a algo que creen que es la vida

y nosotros sabemos que es la muerte.”[13]

Bajo el diagnóstico de las autoras algunas de las consecuencias concretas enunciables a propósito de la amenaza política y su correlato del miedo como un miedo vuelto crónico y cotidiano, serían: la devaluación de la vida humana, la prolongación del miedo producido en el periodo autoritario, en el ámbito nuevo de la paz política con consecuencia de su naturalización como si no estuviera, una estrechez y rigidización del marco general de la vida social que conduce a la polarización y debilitamiento en la autonomía personal y autoconfianza,  entre otros.

En torno a estas consecuencias y a la introyección que el sujeto hace de la represión misma, ya Marcuse decía: “La represión desde fuera, ha sido sostenida por la represión desde dentro, el individuo sin libertad introyecta a sus dominadores y sus mandamientos dentro de sus propio aparato mental. La lucha contra la libertad se reproduce a si misma, en la psique del hombre, como la propia represión del individuo reprimido, y a su vez, su propia represión sostiene a sus dominadores y sus instituciones. Es esta dinámica mental la que Freud revela como la dinámica de la civilización.”[14]

Otros aspectos que las autoras relevan en sus conclusiones y en los cuales profundizan bastante, se orientan a poner en relación los lineamientos morales ligados a la tradición ya estatuidos en estas sociedades, y la huella que las anteriores historias de masacres, asesinatos oficiales y persecuciones ya se habían establecido como forma de ejercer política, para la configuración de un tipo de psique, en la cual el accionar de los autoritarismos se vuelve una continuidad, donde estos se acoplaron a las condiciones históricas de sometimiento respecto al orden establecido, y para la cual, estos logran reforzarla y agudizarla, mediante la metodización sistemática del dominio, basado en la amenaza política reciente.

“El carácter operante de la amenaza se apoyó en aprendizajes histórico-sociales de los sujetos, y se reforzó posteriormente con el manejo de técnicas sofisticadas respecto de los usos psicológicos del terror a través de los medios de comunicación de masas.”[15]

Ahora, si estos efectos son puestos en relación con las nociones de democracia y Estado, más que establecerse una relación de sentido forzada, o de intencionalidad política, fácilmente salta a la vista la forzocidad de su naturalización, como formas de política legítima y de validez universal.

Pensar la relación entre Estado y democracia, de por si implica una alta complejidad que da lugar al menos a unas cuantas reticencias, respecto de 1. La capacidad del Estado como eje democratizador, considerando su exclusión implícita, en el régimen de totalidad, respecto de que se considera o no, como dentro o fuera de la política en su estandarización de formas de hacer. 2. La noción de democracia actual, como mecanismo anulador de la participación política al dejar de ser participativa y volverse completamente nominal en su representatividad. 3. La posibilidad de la existencia del Estado sin algún nivel de democracia y 4. La posibilidad de la existencia de la democracia sin la existencia de un Estado como tal.

Ahora, si esos cuestionamientos por si solos ya son complejos al plantearlos de forma homogénea y abstracta para todo el paradigma moderno occidental, mucho más complejo aun, es pensar estos conceptos en relación con un contexto tan específico, concreto y peculiar como el experienciado en Latinoamérica.

La complejidad por una parte proviene desde los centros de poder y dominación por cuanto estos mismos están en una permanente serie de contradicciones fundamentales, tales como: 1. El hecho de que propongan ideales nacionalistas como modo de  legitimación de su dominio, al mismo tiempo que se enriquecen a costa de explotar lo nacional, orientándose a un servilismo político-económico exterior, en estrecha relación con lo hegemónico. 2. La ambivalencia de una mantención de sistemas tradicionalistas de dominio, fomentados a partir de procesos de modernización carentes de secularización y modernidad ilustrada. 3. El hecho incongruente de que en su participación política, ligada a la construcción de la figura de democracia inclusiva, sean tanto juez y parte en las decisiones que afectan lo nacional, al ser representantes tanto de la esfera de lo público, como de la esfera de lo privado, por cuanto son en cada caso las mismas elites económicas y sociales, las que ocupan los cargos relevantes de la administración del Estado y sus cercanos.

Mayor complejidad aun, si el análisis se elabora desde los sujetos, por cuanto estas consecuencias del miedo han anulado o al menos disminuido exponencialmente la participación de estos, en la formulación y determinación de sus propias vidas, delegando esta responsabilidad, pero también este derecho inalienable, en sujetos pertenecientes a una verdadera elite autodenominada “clase política”, como los apropiados para esa función, desestimando las consecuencias desastrosas implicadas en ello.

La explicación de esto, para redondear, está dada por el acondicionamiento sistemático de sujetos que: 1. A raíz de su miedo reconocido o irreconocido, no sienten deseos de luchar por ideales, o deseándolo no se atreven a hacerlo y en este sentido están paralizados políticamente. 2. A partir de la condición crónica del miedo y la consecuente incapacidad para darse cuenta de ello, trasvasijando su contenido en representaciones de amenaza más amigables en términos de resolutividad válida políticamente, en torno a la búsqueda de certidumbre. 3. En base a la introyección de las ideologías que justifican los medios de dominación, de los cuales son víctimas y bajo los cuales han sido anulados y la consecuente autoreproducción del mismo. 4. A partir de la pérdida de autonomía y autoconfianza, como efecto del miedo crónico y los modos de naturalización de la sumisión y docilidad ante la autoridad y lo dado como orden político y consecuente abuso indiscriminado, ante el cual se responde con una inclinación de hombros.

Básicamente, estamos hablando de sujetos anulados políticamente, que para hablar de una democracia como tal solo podríamos estar refiriéndonos a ellos como los pertenecientes al mundo del oikos de la Grecia clásica, es decir: esclavos. Solo que esto tampoco sería posible, por cuanto los que si participan como sujetos políticos no salieron jamás del mundo de la necesidad del oikos para internarse en el mundo del civitas.

La tarea de la construcción de una verdadera democracia en Latinoamérica y sus pueblos, ante tal reducción de sus sujetos políticos, se pone cuesta arriba. Hacernos cargo de la expresión sintomática del miedo y sus consecuencias, es un paso fundamental, junto al replanteamisnto de un quiénes somos y qué tipo de política es la que queremos para nuestras realidades únicas y complejas, tanto como la idea de si continúa siendo válida para estas realidades, la permanencia de la figura central de un Estado. Pero sin lugar a dudas replantear estos asuntos requiere de voluntad y participación de sujetos más empoderados, con lo que nos vemos medianamente atrapados en una trampa de sentido. Destrabarla es el camino que debemos intentar, de no ser así, permaneceremos al igual que el elefante de circo, anclados a una realidad miserable, pendiendo de una cuerda más imaginaria que real rodeando nuestros tobillos.


[1] Neruda, Pablo.(1950) “Canto general.”

[2] Rozitchner, León. (1991)  Citado en: Lira, Elizabeth. Y Castillo, María Isabel. “Psicología de la amenaza política y del miedo.” Instituto Latinoamericano de salud mental y derechos humanos. Pág. 55.

[3] Galeano, Eduardo. (2006) “Las Venas abiertas de América Latina.” Editorial Pehuén. Santiago de Chile. Pág. 17.

[4] Lechner, Norbert. (1988) “Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política.” FLACSO. Pág. 20.

[5] Ibíd. Pág. 119.

[6] Ibíd. Pág. 88.

[7] Ibíd. Pág. 88-89.

[8] Ibíd. Pág. 89.

[9] Ibíd. Pág. 90.

[10] Lira, Elizabeth. Y Castillo, María Isabel. “Psicología de la amenaza política y del miedo.”  ILAS. Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos. Pág. 7.

[11] Ibíd. Pág. 8.

[12] Ibíd. Pág. 8-9.

[13] Esquivel, Julia. (1981) Citada en: Lira, Elizabeth. Y Castillo, María Isabel. “Psicología de la amenaza política y del miedo.”  ILAS. Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos. Pág. 15.

[14] Marcuse, Herbert. (1984) Citado en: Lira, Elizabeth. Y Castillo, María Isabel. “Psicología de la amenaza política y del miedo.”  ILAS. Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos. Pág. 53.

[15] Lira, Elizabeth. Y Castillo, María Isabel. “Psicología de la amenaza política y del miedo.”  ILAS. Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos. Pág. 231.

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