Miedo: Efectos del terrorismo de Estado en la condición de posibilidad, para la emergencia de un sujeto o actor político.

Introducción:

 

El aumento exponencial de la participación político-ciudadana en el contexto del movimiento estudiantil de 2011, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, ha levantado un amplio debate académico y práctico, acerca de la posibilidad del surgimiento de un nuevo actor político o sujeto político. Independientemente de los posicionamientos en  esta discusión, resulta indispensable realizar una serie de preguntas acerca de las implicancias de este posible surgimiento y especialmente acerca de las condiciones de posibilidad para este.

En el presente trabajo se abordará el miedo como factor fundamental en la afectación de esta condición de posibilidad. Si bien, no es el único, ni sabemos sí es el más importante; al menos podría ser complementario del sentimiento de derrota post dictadura, la confianza en la Concertación en el periodo transicional, la desesperanza luego de algunos años de democracia, entre otros. El miedo, específicamente aquel generado bajo la aplicación sistemática del terrorismo de Estado en la dictadura militar, podría ser uno de los aspectos que incidan en la no aparición de un sujeto o actor político, lo que justificaría la importancia de la investigación de sus efectos en la población y las diversas formas en que esos efectos son observables.

En este sentido resulta relevante la observación de la participación político-ciudadana y sus procesos de cambio, que ante los nuevos acontecimientos nos ponen de frente con la aparición de nuevas oleadas contestatarias, principalmente proveniente de una nueva generación que no ha sido víctima directa de esta aplicación de terrorismo de Estado sistemática y sus efectos; por lo que cabría preguntarse acerca del mayor o menor grado de miedo con que se enfrentan al Estado y sus instituciones al momento de manifestarse y ejercer sus derechos ciudadanos.

 

 

1)      Terrorismo de Estado, en una perspectiva biopolítica.

El Estado como tal, surge junto a los ideales modernos de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, enarbolados en el proceso de la revolución francesa, como sustitución del antiguo régimen de poder ejercido por la monarquía; en virtud del cual, se establece el cuerpo del derecho y surgen la nociones de ciudadanía y sociedad civil, al mismo tiempo que se rescata el valor político de la antigua democracia griega. Pero, ¿Cuál es la función del Estado y dónde se fijan sus límites?, ¿Cómo actúa y sobre quiénes?, ¿De qué depende su estabilidad y cómo se articula su rango de acción?, ¿Cómo se establece su razón de ser y de qué modo esta se legitima? En pocas palabras, ¿Qué es el Estado y qué implica su existencia?

Si bien el Estado ha pasado por un complejo proceso de transformación desde sus inicios hasta la estructura y forma que conocemos hoy, o que está más ampliamente difundido (especialmente en el mundo occidental), y cada una de sus etapas tienen relevancia de sobra para ser analizadas; resulta gravitante para el análisis del fenómeno de terrorismo de Estado, antes enunciado, poner el mayor énfasis en sus últimas etapas, por cuanto es en estas que se producen las lógicas que le son propias e indispensables para tal fenómeno. Alrededor del siglo XVI, según lo expuesto por Michel Foucault, (2007) el Estado es claramente identificable por ciertos aspectos fundamentales que guardan relación con la razón de Estado.

Un primer aspecto propio de aquella, consiste en que el Estado se define como una realidad específica y autónoma, lo cual supone que el gobernante debe considerar una serie de normas que están por encima y por fuera del mismo (divina, moral, natural, etc.) pero no regirse por ellas ni cumplir un rol ligado a estas. “El Estado no es ni una casa, ni una iglesia, ni un imperio” (Foucault, 2007, pág. 20) Luego, se sigue que el Estado tiene una existencia por y para sí mismo y en plural, como Estados. Esta se materializa en una serie de maneras de gobernar, como el mercantilismo, producto del cual es posible establecer tres aspectos diferenciables en su funcionamiento. “en primer lugar, el Estado debe enriquecerse mediante la acumulación monetaria; segundo, debe fortalecerse por el crecimiento de la población; y tercero, debe estar y mantenerse en una situación de competencia permanente con las potencias extranjeras.” (Foucault, 2007, pág. 21)  Un segundo aspecto derivado de esta razón de Estado, guarda relación con la gestión interna, o también más conocida como Estado policía y como tercer aspecto, la constitución de un ejército y diplomacia permanentes. (Foucault, 2007)

Sin embargo, la forma en que el Estado se comporta en cada una de estas esferas (mercantilismo, Estado policía, balanza europea -actualmente relaciones internacionales-) no responde a la misma lógica. Si para enfrentar a los otros Estados, es decir, en torno a su política exterior, es limitado (cada Estado debe autolimitarse, defendiendo su soberanía, pero sin aspirar a volverse un imperio) contrariamente, en su política interior, la razón de Estado conduce mediante el Estado de policía, a un accionar ligado a una serie de objetivos ilimitado. “La limitación del objetivo internacional del gobierno según la razón de Estado, la limitación en las relaciones internacionales, tiene por correlato la ilimitación en el ejercicio del Estado de policía”. (Foucault, 2007) Lo cual incide en la intervención de los aspectos más ínfimos de la vida de las personas.

Por otra parte, Max Weber, reafirma la famosa frase expuesta por Trotsky “Todo Estado está fundado en la violencia” (Weber, 1992, pág. 88), para explicar que “El Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio -el «territorio» es un elemento distintivo- , reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima. (Weber, 1992, pág. 88) Lo cual implica que para cualquier otro individuo o asociación de estos, la violencia que pueden ejercer es estrictamente aquella que el Estado permita. En palabras de Weber, “Él es la única fuente del «derecho» a la violencia.” (Weber, 1992, pág. 88) A esta definición, cabría agregar aquella propuesta por O’Donnell, donde señala que “El Estado es, fundamentalmente, una relación social de dominación; o dicho con más precisión, un aspecto –y como tal solo comprensible analíticamente- de las relaciones sociales de dominación.” (O’Donnell, 1978) agregando que, “El Estado apoya y organiza estas relaciones de dominación por medio de instituciones que suelen gozar de un monopolio de los medios de coerción dentro de un territorio definido, y que generalmente se considera que tiene un derecho legítimo a garantizar el sistema de dominación social.” (O’Donnell, 1978, pág. 3)

Entonces cabría preguntarse qué hace que la ciudadanía obedezca consintiendo a esta distribución del poder diametralmente asimétrica, legitimándolo. Una respuesta posible la brinda el contractualismo. Según Thomas Hobbes (Godoy, 1986), bajo un estado de naturaleza, los hombres se inclinarían hacia la manifestación de la guerra del todos contra todos, por cuanto las necesidades de dominación de unos sobre otros en vistas de la obtención del poder y la seguridad, impediría la obtención de un grado mínimo de armonía o paz, a falta de un ente interventor que dirima y ordene la vida de los hombres. Esta función es ejercida por el Estado, bajo la forma de un contrato social entre este y la ciudadanía, donde esta última acepta someterse obedientemente al Estado, dejando de lado su libertad, a cambio de la protección y seguridad que este le otorga en la ejecución de sus funciones, bajo un estado artificial de cosas.

Ahora, por cuanto la relación Estado-ciudadanía se basa en un contrato social, este implica también ciertas condiciones que permitan su legitimidad, como aquellas que otorgan la democracia, el sistema de partidos y la alternancia política. Al respecto, Castoriadis (1995) propone una categórica distinción entre la democracia como mero procedimiento y como régimen, por lo que termina denominando a las democracias occidentales modernas como pseudo democracias al compararlas con la noción de democracia de la antigua polis griega: el gobierno del pueblo** (Coppedge, y otros, 2011, pág. 248).

Pero, aún así, basándonos en esa pseudo democracia, procedimental y vacía, en lo que se ha convertido hacia nuestros días, es indispensable establecer una definición mínima que permita diferenciarla de otras formas de gobierno. En esta dirección, el tipo de democracia que ha preponderado en occidente, según Zakaria, (1997) es la democracia liberal, es decir, un sistema político marcado por elecciones libres y justas, pero también por el régimen de la ley, la separación de los poderes del Estado, así como, la protección de las libertades de expresión , reunión, religión, y propiedad.

Sin embargo, la descripción que el mismo autor hace en trabajos anteriores, respecto de la interrupción en la democracia que produce el Estado burocrático-autoritario, resulta altamente relevante para el análisis propuesto. En ella, siguiendo la tradición marxista, explica que el Estado democrático, como tal, en un régimen capitalista, “…mantiene y estructura la dominación de clase, en el sentido de que esta dominación está enraizada, principalmente en una estructura de clase que, a su vez, tiene su fundamento en la operación y reproducción de las relaciones capitalistas de producción.” (O’Donnell, 1978, pág. 3) y propone que hay dos formas procedimentales que se establecen como mecanismos de legitimación del Estado mediante la democracia: por un lado, la igualdad abstracta de los sujetos, en la aplicación del sufragio universal, lo que justifica que el régimen se basa en el consentimiento ciudadano y luego, el derecho de recurrir a instancias de protección jurídica regulada frente a los actos arbitrarios por parte de las instituciones del Estado. (O’Donnell, 1978) Esto en términos generales.

Ahora, una vez quebrantada esta, y al referirse a este Estado burocrático autoritario, predominante en América Latina en las décadas del 70 y 80, expone como características que es garante y organizador de la dominación ejercida, donde la base principal del Estado es una alta burguesía con características oligopólicas y trasnacionalizadas; con instituciones donde el peso está puesto en los especialistas, en la coerción y la normalización de la economía; con un sistema de exclusión política (de un sector popular antes activo) sometido a controles estrictos que lo saquen del campo de acción política; con la consecuente supresión de la ciudadanía; junto a la exclusión económica del sector popular y la despolitización de los problemas sociales. (O’Donnell, 1978) También hace hincapié en los efectos de este tipo de régimen político en la legitimidad del Estado mismo. En sus palabras, “…solo puede ser legitimado si parece residir en referentes externos a cuyo interés general se supone que sirven las instituciones estatales. Normalmente estos referentes externos son la nación, conjuntamente con la ciudadanía y el pueblo…” (O’Donnell, 1978, pág. 5)

El control y ejercicio de la violencia física como medio coercitivo, bajo estas condiciones “Excepcionales”, apeladas bajo el descriptor de Estado de excepción que existe como figura legal en muchas de las constituciones de los Estados Nación, permite la anulación o suspensión de derechos humanos universales y fundamentales; y muchas veces se convierte en el resquicio legal bajo el cual se perpetra un golpe de Estado que da paso a la dictadura o Estado autoritario. Según Dietrich, “El concepto de Estado de excepción se basa en el supuesto de que, en algunas situaciones de emergencia política, militar o económica, el régimen de limitación y equilibrio de poderes, propio de las reglas de juego constitucionales, tenga que dejar vía libre a un poder ejecutivo más fuerte, e incluso al ejército.” (Dietrich, S/A) Lo que incluso puede conducir a lo que Agamben ha denominado el estado de excepción como paradigma de gobierno, lo que implicaría que “…la declaración del estado de excepción ha sido sustituida de forma progresiva por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica habitual de gobierno” (Agamben, 2004) Lo cual implica a su vez, que el fenómeno analizado podría presentarse en otras formas de gobierno diferentes a una dictadura o estado burocrático-autoritario, a decir, en plena democracia.

Luego, bajo estas condiciones excepcionales y sus libertades y atribuciones, no hay cabida para el control del accionar por parte del Estado y al mismo tiempo, toda la institucionalidad que cumplía esta labor, vuelca su utilidad hacia el control de la población y de los posibles actos de rebelión o subversión consecuentes de un gobierno y un Estado deslegitimado. Sin un límite al accionar del Estado, que cuenta a su haber con la posibilidad de aplicación de las policías y el ejército como medios de coerción física, el resultado es abrumadoramente peligroso y capaz de alcanzar niveles insospechados de violación a los derechos humanos, en total impunidad, incluso sistematizando su aplicación.

Existe una amplia documentación acerca de los tipos de violaciones de derechos humanos, sus formas de aplicación y efectos en la población, especialmente para algunos de los casos latinoamericanos. (Kordon, Edelman, Lagos, & Kersner, 2005; Lira & Castillo, 1991)  Y ha existido sumo cuidado en denominar a este proceder como terrorismo de Estado, sin embargo, algunos autores frente a estos mismos fenómenos estudiados, no han vacilado en denominarlo tal cual. (Guinsberg (1987), así como Chomsky, Schulz, Bonasso (1990), Schulz (1990), Bonasso (1990), Garzon (1989), Del Barrio, León (1991) citados en Padila Ballesteros (1995))

“El terrorismo de Estado es un sistema político cuya regla de reconocimiento permite y/o impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder.” (Garzon (1989) citado en Padila Ballesteros (1995, pág. 29))

Por otra parte, esta aplicación sistematizada del ejercicio de la violencia física, se aplica y ejerce sobre una fracción determinada de la población a la cual se pretende retirar de la arena política, lo cual implica que su misión, como acción racional con arreglo a fines, con un claro sentido mentado de la acción (Weber, 2008), no se limita al exterminio de esta fracción (en muchos casos esto resulta inaplicable) sino a la atemorización, es decir a la producción de terror, producto de esta aplicación sistemática y de la impunidad en que queda reducida la experiencia.

Si bien este miedo producido bajo regímenes que ejercen estas prácticas, no es tan fácil de diagnosticar y analizar, bajo la mirada de autores como Lechner, aún cuando este queda en muchos casos disfrazado y trasvasijado su sentido, hacia otras problemáticas como la delincuencia; es posible su observación en la clara disminución de la participación política, el rechazo a todas las actividades vinculadas a esta y una inercia política asociada a una despolitización, donde además se produce un volcamiento del interés social hacia el consumo. (Lechner, 1990)

Según Rafael Serrano, “El término terrorismo no tiene una definición jurídica formalmente acordada en el ámbito internacional. A pesar de ello, las más variadas definiciones que se han podido identificar –jurídicas o no- tienen como puntos recurrentes la violencia con un propósito político o social, así como el intento de intimidar y dirigir el acto a civiles o no combatientes.” (Serrano, 2003, pág. 355) Según Mkhondo, citado en Serrano (2003) a diferencia de la delincuencia común, donde existiría un agresor y una víctima, aquí se requiere una tercera parte que pueda ser intimidada por lo que le pasó a la víctima. Parte de la lucha ideológica por la definición de terrorismo ha conducido a este resultado inconcluso, debido a que por una parte “…los líderes de las economías desarrolladas estaban tensos por definir un terrorismo que incluyera el concepto de ‘Estados terroristas’, [y por otra] los representantes de los países del tercer mundo estaban inquietos de una definición que pusiera un mayor peso sobre ciertos participantes, no pertenecientes al Estado, sin diferenciar entre el terrorismo, propiamente, y una lucha de clases por la liberación nacional.” (Serrano, 2003, pág. 360)

Sin embargo, por mucho que no exista un acuerdo global, ha habido gran avance en esta dirección desde el campo de los derechos humanos y resulta argumentable a la luz de los antecedentes entregados, que es perfectamente aceptable, establecer que ante la 1) Aplicación sistemática del uso monopólico de la violencia por parte de un Estado, sea mediante policía, ejercito, u otras instituciones (inteligencia, gendarmería etc.); 2) sin ningún tipo de ente interno o externo que la regula y controle; 3) sobre un grupo específico de la población; 4) con la finalidad intencional y estratégica de atemorizarla y retirarla de la arena política; 5) atentando contra sus derechos humanos fundamentales; es aquí y ante nuestra mirada, evidentemente, terrorismo de Estado.

Marcuse, en el hombre unidimensional, desde una perspectiva marxista, nos dice respecto al sistema capitalista y a los ánimos de la sociedad del desarrollo por mostrar sus beneficios y motivaciones, cuando son contrapuestas frente a la miseria que le es consecuente, que “…su pomposa racionalidad, que propaga la eficacia y el crecimiento, es en sí misma irracional.” (Marcuse, 1985) Frente al desenvolvimiento de hechos de esta magnitud, que siempre encuentran una explicación del todo racional y argumentativa, resulta inminente la aplicación de la misma lucidez para evaluar, al modo de los autores herederos de la escuela de Frankfurt, la irracionalidad en la racionalidad. Como consecuencia de ello, no solo deslegitimar este tipo de accionar desde el Estado, sino que acusarlo y bajo las categorizaciones y el peso que estas conllevan, esgrimir los modos de combatirla.

 

2)      Las etapas de la formación psicosocial y las implicancias de la aplicación del terror, según estas, en la formación del miedo, en una perspectiva psicoanalítica.

La aplicación del terrorismo de Estado sobre los sujetos, sean estos políticamente activos o pasivos, tiene una serie de implicancias ampliamente documentadas. La lucha organizada post golpes de Estado, si bien ha sido importantísima en el rol que les cabe como ejes fundamentales de las movilizaciones que incidieron en cada uno de los casos, en los respectivos retornos a la democracia, también es cierto que vieron profusamente mermada su capacidad convocante y aglutinante, para el ejercicio de la resistencia o de la lucha contra de los distintos regímenes. Esto, debido por una parte, a la eliminación sistemática de sus miembros, en los proceso de persecución, prisión, tortura, exilio, desaparición, eliminación de identidad y muerte, ya sea en forma de masacre o individualmente. Pero también, por medio de la represión y la amenaza permanente, que conduce en cada caso al asentamiento de un estado constante de miedo, alerta inseguridad e incertidumbre.

Ahora, si se toma en consideración la tremenda carga histórica que arrastran, los distintos pueblos que protagonizan estas verdaderas tragedias sociopolíticas, no es extraño que estas acciones represivas pasen a constituir una parte más de esta larga data del derrotero histórico que les precede, más que un proceso específico.

Lechner, (1990) expone un cierto efecto paradojal que se produce en la relación de los sujetos frente a esta necesidad de certidumbre exacerbada, como consecuencia de la amenaza política producida en los procesos autoritarios, respecto de la autoridad y del tipo de proyecto político y ligado a una “cultura del miedo”.”Vivimos una cultura del miedo. Y esta herencia  persistirá, aunque desaparezca el régimen autoritario. (…) La dictadura agudiza una demanda de seguridad que a su vez nutre el deseo de una “mano dura”. (Lechner, 1990, pág. 88)

El mecanismo bajo el cual es posible tal nivel de necesidad de control a propósito de esta búsqueda de certidumbre, consistiría en su legitimación mediante la definición de un enemigo común como eje de malignidad, en torno del cual estar unidos para su ataque y exterminio. Así, “Circunscribiendo el peligro de un objeto visible, claramente identificable y oficialmente sancionado como “mal”, el temor se vuelve controlable. La operación es simple y conocida. Las diferencias son transformadas en “desviación” y “subversión” y sometidas a un proceso de “normalización”.” (Lechner, 1990, págs. 88-89)

La gravedad de esta forma de relacionarse con el miedo y la necesidad de certidumbre que se genera, sostiene y reproduce como legitimación, es que: “La cultura del miedo es no solo el producto del autoritarismo, sino, simultáneamente, la condición de su perpetuación.” (Lechner, 1990, pág. 90)

Ahora, también desde otra perspectiva, el tema del miedo generado bajo estas condiciones en América Latina en los periodos de autoritarismo, como una especie de continuidad histórica de las formas de hacer política y sus efectos, es abordado en el caso chileno por la psicología chilena de un modo aún más drástico. “Desde tiempos ancestrales, en América Latina la opresión la violencia represiva y el miedo han sido experiencias comunes a los indígenas, los campesinos, los mineros y los pobres. Las dictaduras de seguridad nacional modificaron la representación colectiva de la violencia política ejerciendo la presión de acuerdo a criterios ideológicos, sin hacer distinción de clases ni de grupos sociales. Este tipo de represión política ha privilegiado el uso de métodos psicológicos, métodos invisibles, en el control político de una sociedad determinada.” (Lira & Castillo, 1991, pág. 7)

Las consecuencias de este miedo crónico son múltiples. Por una parte, las formas de relación entre los sujetos cambian. Según lo expuesto por ambas autoras: “…cuando miles de sujetos son amenazados simultáneamente dentro de un determinado régimen político, la amenaza y el miedo caracterizan las relaciones sociales, incidiendo sobre la conciencia y la conducta de los sujetos. La vida cotidiana se transforma. El ser humano se hace vulnerable.” (Lira & Castillo, 1991, pág. 9)

En este sentido, por ejemplo, exponen la aparición del fenómeno que consiste en la percepción de una idea de lo siniestro en la política, a raíz del miedo crónico establecido por la amenaza. “Freud definió el carácter de lo siniestro, lo ominoso, haciendo referencia a la pérdida de los límites entre la realidad y la fantasía. La tortura, la desaparición de personas, las ejecuciones o asesinatos, como otras violaciones de derechos humanos son una expresión de lo ominoso en las relacione sociales, ya que la realidad sobrepasó los límites que la fantasía más perversa jamás pudo imaginar.” (Lira & Castillo, 1991, págs. 8-9)

Por otra parte, si bien, el miedo producido por la amenaza política, vinculado a los procesos de terrorismo de Estado y sus efectos, han sido escasamente abordados; no solo no significa que los casos sean pocos, sino que da cuenta, justamente de lo contrario, bajo el diagnóstico de las autoras algunas de las consecuencias concretas enunciables a propósito de la amenaza política y su correlato del miedo como un miedo vuelto crónico y cotidiano, serían: la devaluación de la vida humana, la prolongación del miedo producido en el periodo autoritario, en el ámbito nuevo de la paz política con consecuencia de su naturalización como si no estuviera, una estrechez y rigidización del marco general de la vida social que conduce a la polarización y debilitamiento en la autonomía personal y autoconfianza, entre otros. (Lira & Castillo, 1991)

En torno a estas consecuencias y a la introyección que el sujeto hace de la represión misma, ya Marcuse, (citado en Lira & Castillo (1991, pág. 53)) decía: “La represión desde fuera, ha sido sostenida por la represión desde dentro, el individuo sin libertad introyecta a sus dominadores y sus mandamientos dentro de sus propio aparato mental. La lucha contra la libertad se reproduce a sí misma, en la psique del hombre, como la propia represión del individuo reprimido, y a su vez, su propia represión sostiene a sus dominadores y sus instituciones.

Otros aspectos que las autoras relevan en sus conclusiones y en los cuales profundizan bastante, se orientan a poner en relación los lineamientos morales ligados a la tradición ya estatuidos en estas sociedades, y la huella que las anteriores historias de masacres, asesinatos oficiales y persecuciones ya se habían establecido como forma de ejercer política, para la configuración de un tipo de psique, en la cual el accionar de los autoritarismos se vuelve una continuidad, donde estos se acoplaron a las condiciones históricas de sometimiento respecto al orden establecido, y para la cual, estos logran reforzarla y agudizarla, mediante la sistematización del dominio, basado en la amenaza política reciente.“El carácter operante de la amenaza se apoyó en aprendizajes histórico-sociales de los sujetos, y se reforzó posteriormente con el manejo de técnicas sofisticadas respecto de los usos psicológicos del terror a través de los medios de comunicación de masas.” (Lira & Castillo, 1991, pág. 231)

Ahora, si bien toda esta investigación es de alta relevancia, no se han desarrollado estudios que profundicen en las formas en que el miedo resultante de la aplicación sistemática del terrorismo de Estado se manifiesta, según el periodo de la vida en que este acontezca. Más específicamente, según la etapa del desarrollo psicosocial en que el sujeto esté atravesando al momento de ser víctima de él.

Eric Erickson (1963) propuso una descripción de las distintas etapas del desarrollo psicosocial en lo que ha dado a llamar las ocho edades del hombre. Según esta categorización, el hombre recorre cada una de estas etapas, una como prerrequisito de la siguiente, hasta completar una vida que le ha conducido desde una plena dependencia, a una percepción integral de sí mismo y de la propia vida, en vinculación con la cultura de su sociedad, lo que se ha denominado un desarrollo bio-psico-social.

-Proceso biológico, es decir la organización de los sistemas orgánicos y su ciclo vital.

-Proceso Social, como organización de grupos definidos, en sentido geográfico, cultural, histórico, etc.

-Proceso del yo, como principio organizativo del individuo, que hace de él un sujeto con una personalidad coherente, al poseer una mismidad y continuidad, y a través del cual el sujeto verifica la realidad.

Cada una de las etapas es presentada como un conflicto, donde la solución es una contraposición entre dos opciones contrarias en la vía del desarrollo. Estas ocho edades y su respectivo acercamiento descriptivo, esta segmentada en las primeras cuatro que brindan las bases para la construcción de la identidad correspondientes a la infancia, la quinta que representa el principal quiebre y puesta en replanteamiento de todas las cosas y finalmente las últimas tres, que se sitúan en la adultez y que consolidarían la identidad integral del hombre.

A grandes rasgos, las primeras cuatro etapas, que agrupadas nos otorgan el análisis de todo el periodo concerniente a la niñez, consisten en la solución de los siguientes conflictos:

1)      Entre el nacimiento y los 12/18 meses, la primera sensación de seguridad resultante de la continuidad de la experiencia vinculada a la lactancia, conducente a la familiaridad y la autoconfianza.

2)      Entre los 18 mese y 3 años, la capacidad muscular de apretar y soltar (relaciones hostiles o bondadosas) conducen a reaccionar frente al escrutinio de los otros con vergüenza y duda, o ante el apoyo externo, con autonomía.

3)      Entre los 3 y 6 años, la energía aporta el elemento de la iniciativa, que agrega la capacidad de empresa. Si recibe coerción y manipulación se enfrentará a la culpa, y los celos, de lo contrario al placer de la conquista, lo que le brinda más independencia.

4)      Entre los 6 y 12 años, se enfrentan a la escolaridad, las relaciones sociales externas y la instrucción sistematizada. Sublima la lívido en la competitividad con los pares y busca reconocimiento por su capacidad de realizar tareas, al no obtenerlos experimenta sentimientos de inadecuación o inferioridad.

Para el periodo de la adolescencia establece dos etapas con los siguientes conflictos:

5)      Entre los 12 y 18 años, que es comprendida como la etapa del advenimiento de la pubertad y del abandono del periodo de infancia, todas las mismidades y continuidades vuelven a ser puestas en tela de juicio. Para generar su identidad pone a prueba lo conocido y busca nuevos referentes estableciendo ídolos e ideales. El peligro en esta etapa, corresponde a la confusión de rol, que podría derivar en una tendencia a una indefinición sexual, un comportamiento delictual y/o, episodios psicóticos.

6)      Entre los 18 y 20 años, busca intimidad con otro. Es la etapa de mayor intensidad y exploración sexual y puede por temor a la pérdida, tender al aislamiento.

A su vez, para el periodo de la adultez, también dos etapas con los siguientes conflictos:

7)      Entre los 20 y 50 años, el hombre maduro requiere guiar, generar, crear, de no experimentar la autoconfianza necesaria puede derivar hacia un estancamiento.

8)      Desde los 50 en adelante, el hombre experimenta una integridad del yo, al haber sorteado bien cada etapa y fortalecido tanto sus relaciones sociales como consigo mismo. Está conforme con haber pasado esas etapas y no teme a la muerte. Contrariamente, de no ser así, desarrolla un sentimiento de desesperación por la no aceptación de la propia vida.

Si nos basamos en las categorías propuestas por Erickson y sus descripciones, resulta evidente que la aplicación del terrorismo de Estado sobre los sujetos bajo las distintas etapas acá expuestas no puede conducir a resultados similares. Por lo tanto, el miedo resultante y las formas en que este se manifiesta, debieran también ser estudiados desde una perspectiva que incorpore y considere un aspecto de tal envergadura para sus resultados y análisis posteriores.

Una forma, sería la incorporación de una tipología basada en las etapas del desarrollo psicosocial de Erickson, que contemple los siguientes rangos, para la contrastación de los efectos de tipo de miedo resultante de la aplicación del terrorismo de Estado, según la etapa de desarrollo psicosocial en que estaban cursando al momento en que este le es infligido.

1)      Infancia: Entre 0 y 11 años.

2)      Adolescencia: Entre 12 y 19 años.

3)      Adulto: Entre 20 y 49 años.

4)      Desde los 50 años en adelante.

5)      Aquellos que no fueron víctimas directas del terrorismo de Estado.

La contrastación de resultados en el estudio de los efectos en el tipo de miedo generado para cada una de estas categorías analíticas, permitiría identificar si efectivamente la ausencia de aplicación de terrorismo de Estado en forma directa sobre los sujetos, incide de algún modo en el mayor o menor grado de miedo con que esos enfrentan, tanto individual como colectivamente, su rol político-ciudadano.

 

 

 3) La emergencia del sujeto político, como condición de posibilidad.

Para el caso chileno, en sentido de una actualización crítica, particularmente la posible emergencia de un nuevo actor político, tiene altas implicancias debido a la posible ruptura que este pudiera generar en la articulación del estado de cosas al que ha propendido históricamente. Si durante el año 2006 aparece en escena una primera oleada del mencionado movimiento estudiantil, que ya genera su propio espacio de transformación discursiva y ampliación del marco de posibilidades participativas; el caso de su nueva irrupción en 2011, de manos de los estudiantes secundarios que en aquella época fueran los estudiantes de educación primaria que observaban sin poder participar, sencillamente rompe el molde, desbordando los marcos de la institucionalidad y la política vigente, generando niveles de presión sobre sus matrices, que hasta el momento y luego de la vuelta a la democracia, no se habían generado.

Este movimiento, enmarcado en el contexto de la post transición, que hasta el presente año sigue arrojando multitudes (Hardt & Negri) a manifestarse a las calles, que durante prácticamente durante un año dejara semi paralizada la educación en Chile y generando amplia aprobación ciudadana, instala un terreno fértil de análisis político.

Desde la estricta definición proveniente de la ciencia política, y en contraposición de otras formas de expresión social y colectiva u organizaciones sociales, los movimientos sociales, que tienen su aparición en la historia a finales del siglo XVIII, son aquellos que cuentan con los siguientes tres elementos:

  1. Un esfuerzo público, organizado y sostenido por trasladar a las autoridades pertinentes las reivindicaciones colectivas (campaña)
  2. El uso combinado de algunas de las siguientes formas de acción política: Creación de coaliciones y asociación con un fin específico, reuniones públicas, presiones solemnes, vigilias, mítines, manifestaciones, peticiones, declaraciones a y en los medios públicos, y propaganda (Repertorio del movimiento social)
  3. Manifestaciones públicas y concertadas de WUNC[1] de los participantes: Valor, unidad, número y compromiso, tanto de los actores como de su circunscripción. (Tilly & Wood, 2008)

Características con las cuales contaría ampliamente el así llamado “movimiento estudiantil” que hiciera aparición a comienzos del año 2011.

También desde la ciencia política y fuertemente derivado desde la teoría general de sistemas, Easton, expone que los sistemas políticos se comportarían del siguiente modo: “puede denominarse sistema político a aquellas interacciones por medio de las cuales se asignan autoritariamente valores en una sociedad; esto es lo que lo distingue de otros sistemas de su medio. El ambiente mismo puede dividirse en dos partes. La primera consta de todos aquellos sistemas que pertenecen a la misma sociedad que el sistema político pero que no son sistema político.” (Easton, 1992, pág. 224) Lo que conduce a las definiciones en el primer caso de actores sociales y en el segundo de actores políticos. Según lo expuesto por Bouza-Brey refiriéndose al mismo modelo de sistema político, desde distintos elementos del sistema social se generarían demandas y apoyo hacia el sistema político. Estos serían procesados por el sistema político a través de sus distintos actores. (Bouza-Brey, 1991)

Desde la ciencia política, en contraposición al actor social como actor individual, es posible definir al actor social (colectivo) como “aquella entidad i) cuyos miembros están integrados en torno a similares-o, al menos, convergentes- intereses, percepciones y creencias con respecto a un problema, ii) que cuenta con cierto grado de organización y recursos y con mecanismos para la resolución de conflictos internos, iii) que tiene los medios y la capacidad para decidir y/o actuar intencionada y estratégicamente para la consecución de un objetivo común como unidad suficientemente cohesionada, lo que le identifica y diferencia frente al resto y iv) a las que, por tanto, se les puede atribuir alguna responsabilidad por sus decisiones y/o actuaciones. En otras palabras, un actor es una unidad de decisión-acción responsable. (García Sanchez, 2007, pág. 206)

Cabe agregar la descripción de los partidos políticos que desde la misma disciplina nos aporta (Mainwaring & Scully, 1995) donde proponen como su definición basándose principalmente en Sartori: “como cualquier grupo político que se presenta a elecciones y es capaz, por medio de las elecciones, de colocar candidatos para cargos públicos” (pág. 1) y agregando que “un partido político que quisiera presentar candidatos a cargos públicos pero no pudiera hacerlo, sea porque está proscrito, o porque no se celebran elecciones, es también un partido.” (Mainwaring & Scully, 1995, pág. 2) Y que su importancia radicaría en “que son los principales agentes de representación política y son virtualmente los únicos actores con acceso a cargos de elección popular en la política democrática.” (Mainwaring & Scully, 1995)

Desde las revisiones sociológicas del paso transicional de la dictadura a la democracia del caso chileno, es posible encontrar que bajo estas mismas definiciones, Garretón explica la relación que entre ambos actores se transforma desde una relación imbricada entre actores políticos (partidos políticos) y actores sociales (movimientos sociales), a una relación tensionada entre ambos. (Garretón, 1993)

Por otra parte, el mismo autor señala, al hacer una revisión de los movimientos sociales en América Latina bajo el contexto nuevo de los fenómenos de transformación cultural y estructural ligados a la globalización; la desarticulación de la relación entre Estado y sociedad bajo la matriz clásica y la generación de una nueva configuración de los movimientos sociales y los actores sociales que pasarían de mostrar una tendencia a generar proyectos de cambio social con vistas a una transformación político-económica de corte estructural, mientras que aquellos actuales serían más fluctuantes, ligados a lo sociocultural y centrados en reivindicaciones por calidad de vida. (Garretón, 2002) Lo cual indica que si bien, distingue entre actores sociales y actores políticos como pertenecientes a esferas diferentes, desde las cuales se generan intercambios, también es posible que la orientación accional de los actores pertenecientes a la primera puedan dirigirse hacia la transformación estructural de ambas.

En esa misma revisión, Garretón propone una definición más amplia de los movimientos sociales que permite orientar mejor la perspectiva de análisis del caso propuesto. En ella propone la diferencia entre “el Movimiento Social (mayúsculas, singular) orientado al nivel histórico-estructural de una determinada sociedad y definiendo su conflicto central. Por otro lado, movimientos sociales (plural, minúsculas) que son actores concretos que se mueven en los campos de los mundos de la vida y de las instrumentalidades, organizacional o institucional, orientados hacia metas específicas y con relaciones problemáticas que se definen en cada sociedad y momento, con el Movimiento Social Central.” (Garretón, 2002, pág. 9)

Por otra parte, Moulian, también desde la sociología, propone su análisis político del caso chileno considerando la matriz de sentido estructural marxista. Parado desde ahí, expone la separación entre dominadores y dominados, cada uno con su propio frente de poder. Así, en el segundo sitúa la articulación desde su propio eje de poder, de partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales. (Moulian, 2006; 2009) Y aunque lo hace no como base teórica sino como claves de lectura, es posible identificar este esquema en todo el recorrido explicativo.

Sin embargo, en el trabajo conjunto que realizan ambos autores, en torno al conflicto en Chile político en Chile entre 1970 y 1973, como parte de las explicaciones de las limitaciones del tipo de análisis, excusan que: “Ellas provienen en general de una misma raíz: el sesgo “politicista” que lleva a sobreenfatizar las superestructuras políticas como actores principales del periodo. Ello hace, por un lado, descuidar las interrelaciones entre crisis económica y política. Por otro lado se tiende a subestimar el rol de los actores sociales no específicamente políticos* y el análisis de clases propiamente tal.” (Garretón & Moulian, 1978, pág. 12)

A esto agregaría, que mientras estos autores insisten en sistematizar esta escisión entre ambas esferas, muy por el contrario, Touraine, defensor de la teoría de la dependencia, es enfático en establecer que “no existe en un país dependiente una separación clara entre actores sociales, fuerzas políticas representativas y Estado.” (Touraine, 1987, pág. 13) por cuanto se produciría una fusión de los actores sociales, de las fuerzas políticas y del Estado, en lo cual consiste su primera hipótesis del libro. O dicho de otro modo:

“La ausencia de una clase dirigente hegemónica, como la debilidad de un estado nacional dependiente, explica el carácter en general muy abierto de los sistemas políticos dependientes y, por consecuencia, la importancia de los esfuerzos, muchas veces vinculados con las relaciones de dependencia, para reprimir una participación sociopolítica difícil de controlar y de regular.” (Touraine, 1987, pág. 12)

Aunque cabe también señalar que esta descripción responde a un contexto anterior y diferente al descrito por los otros autores. Lo que de todos modos no le resta validez a la condición de posibilidad de penetrabilidad entre ambas esferas, a decir, social y política.

A partir de lo planteado por los distintos autores aquí expuestos, resulta indispensable hacer la revisión del caso del mencionado movimiento estudiantil post transición, enfatizando en los conceptos de sistema político, que son la base discursiva de todos, indistintamente de su disciplina. Así, sí se acepta que el actor social y el actor político provienen de esferas distintas de la vida, también es posible sin embargo, rechazar la desestimación o subestimación, del actor social como posible actor político. Por cuanto, 1, El actor social puede penetrar en la esfera de la política bajo la figura de la creación de un partido político, pero también según una perspectiva más aperturista, bajo otras formas organizativas. 2. Estos, en su articulación y orientación accional no necesariamente requieren de la intermediación de los partidos políticos para la sintetización de demandas, sino que pueden ejercer presión directamente sobre todo el sistema político, sin intermediario alguno y generar transformaciones estructurales sobre él, lo que lo dota de politicidad.

Por lo tanto y poniendo en relación este análisis con los antecedentes del movimiento estudiantil post transicional, es posible argumentar que existen condiciones de posibilidad para la emergencia de un sujeto o actor político desde el movimiento estudiantil y desde el actor social que ya ha emergido ahí. Es desde esa condición de posibilidad que hay que indagar cuanto inciden distintos factores a considerar. Dentro de estos, aquellos efectos del miedo resultante de la aplicación del terrorismo de Estado, que para el grupo perteneciente al movimiento, en el peor de los casos, solo será de forma indirecta, mediante el relato y las consecuencias.

 

Conclusiones

Sin lugar a dudas, emprender la tarea de una investigación de tal envergadura implicaría un arduo y sinuoso camino, lleno de obstáculos epistémicos, metodológicos y prácticos. ¿Pueden extrapolarse los resultados en base a una tipología del desarrollo psicosocial cuando esta está enfocada al sujeto, desde el terreno de lo individual a lo colectivo?, ¿Pueden investigarse los efectos del terrorismo de Estado en el tipo de formación de miedo aislando otras variables que están también imbricadas dentro de los mismos fenómenos planteados?, ¿Cuál es la muestra adecuada para dicha propuesta? Entre otros. Pero esto no puede ser un impedimento a la búsqueda de respuestas de tan alta relevancia para la comprensión del momento presente, de nuestra historicidad y las condiciones de posibilidad para una transformación política.

Hegel dijo muy bellamente, “Cuando la filosofía pinta el claro oscuro, ya un aspecto de la vida ha envejecido y en la penumbra no se le puede rejuvenecer, sino solo reconocer: el Búho de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo.” (Echeverría, 1997, pág. 24) Nosotros podemos oponer toda clase de impedimentos a aquello que todavía no es evidente sin darnos cuenta. A veces, es necesario, aunque sea a costo de hacer las cosas más difíciles, dar espacio a la posibilidad. Por lo que, nos queda de frente propuesto un desafío.

Finalmente resulta gravitante en términos de la distribución del sentido y significación que adquieren bajo su utilización los conceptos, la apropiación del lenguaje que permite poner en su lugar y respondiendo al sentido común, cuando este se basa en información adecuada, arrebatando su uso monopólico a la institucionalidad. Dicho de otro modo, hay distintos espacios de uso monopólico que inciden en la obtención y mantención de los distintos regímenes de poder, por lo que, resulta de suma relevancia la lucha por estos. Y así como uno de ellos es el del uso de la violencia física legítima, también lo es el estado de dominio sobre el lenguaje que articula el sentido de interpretación del mundo, y más específicamente para el caso, del reparto del sentido del lenguaje en torno a lo político. En palabras de Foucault, (1992, pág. 3)“…el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse.” y por lo tanto, insisto, es indispensable, llamar terrorismo de Estado a este proceder racional/irracional, aún cuando y sobre todo porque, se trata del Estado, del mismo modo que hay que considerar la posibilidad del surgimiento de un sujeto a actor político desde el actor social. De otro modo, nuestro trabajo no se orientaría a permitir siquiera la condición de posibilidad necesaria para alguna transformación política y tal vez podríamos sin saberlo expresar en ello solo una de estas formas de miedo producidas por los regímenes que han trabajado tan exitosamente para ello.

 

 

Bibliografía

Agamben, G. (2004). Estado de excepción (homo sacer II, 1). Valencia: Pre-textos.

Bouza-Brey, L. (1991). Una teoría del poder y de los sistemas políticos. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) , 119-163.

Castoriadis, C. (1995). La democracia como procedimiento y como régimen.

Coppedge, M., Gerring, J., Altman, D., Bernhard, M., Fish, S., Hicken, A., y otros. (2011). Conceptualizing and Measuring Democracy: A New Approach. Perspectives on Politics , 247-267.

Dietrich, K. (S/A). Estado de derecho. Recuperado el 27 de 08 de 2012, de Universidad nacional autónoma de México: http://www.economia.unam.mx/sua/site/materia/sem1/histo1/archint/edoe.doc

Easton, D. (1992). Categorías para el análisis sistémico de la política. En Diez textos basicos de ciencia política. Barcelona: Ariel.

Echeverría, R. (1997). El Búho de Minerva. Santiago de Chile: J.C. Sáez.

Erickson, E. (1963). Childhood and society. Nueva York: Norton.

Foucault, M. (1992). El orden del discurso . Barcelona: Tusquets Editores.

Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica Argentina.

García Sanchez, E. (2007). El concepto de actor: Reflexiones y propuestas para la ciencia política. Andamios , 199-216.

Garretón, M. A. (1993). La oposición política y el sistema partidario en el régimen militar chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición. En R. Cruz-Jonsons, & A. Varas, El difícil camino hacia la democracia en Chile 1982-1990 (págs. 391-454). Santiago: FLACSO.

Garretón, M. A. (2002). La transformación de la acción colectiva en América Latina. CEPAL 76 , 7-24.

Garretón, M. A., & Moulian, T. (1978). Análisis coyuntural y proceso político. Las fases del conflicto en Chile. 190-1973. Santiago: Educa Editorial Centro Americana.

Godoy, O. (1986). Selección de Escritos Políticos de Thomas Hobbes. Estudios Públicos , 1-38.

Guinsberg, E. (1987). Salud mental, paz y terrorismo de Estado. Nueva sociedad , 661-674.

Hardt, M., & Negri, A. Multitud. Guerra y democracia en la era del imperio. Debate.

Kordon, D., Edelman, L., Lagos, D., & Kersner, D. (2005). Efectos psicológicos y psicosociales de la represión política y la impunidad. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

Lechner, N. (1990). Los patios interiores de la democracia, subjetividad y política. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, Chile.

Lira, E., & Castillo, M. I. (1991). Psicología de la amenaza política y del miedo. Santiago de Chile: ILAS Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos.

Mainwaring, S., & Scully, T. R. (1995). La Institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina. Revista de Ciencias Políticas , 63-101.

Marcuse, H. (1985). El hombre unidimensional. Barcelona: PLaneta-Agostini.

Moulian, T. (2006). Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973). Santiago: LOM.

Moulian, T. (2009). La forja de ilusiones: 1932-1973. Santiago: Ediciones Akhilleus.

O’Donnell, G. (1978). Las tensiones en el Estado burocrático-autoritario y la cuestión de la democracia. Documentos Cedes , 1-36.

Padila Ballesteros, E. (1995). La memoria y el olvido Detenidos Desaparecidos en Chile. Santiago: Orígenes.

Serrano, R. (2003). El terrorismo y el derecho internacional. Anuario mexicano de derecho internacional , 353-373.

Tilly, C., & Wood, L. J. (2008). Los movimientos sociales 1768-2008. Desde sus orígenes a facebook. Barcelona: Crítica.

Touraine, A. (1987). Actores sociales y sistemas políticos en América latina. Santiago: Organización Internacional del Trabajo.

Weber, M. (1992). La ciencia como profesión y la política como profesión. Madrid: Espasa Calpe.

Weber, M. (2008). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Barcelona: Grup Editorial 62 S.L.U., Ediciones península.

Zakaria, F. (1997). The Rise of iliberal democracy. Foreign Affairs , 22-43.


** Traducción propia.

[1] Sigla en inglés: Worth, Unity, Number and Compromise

* El destacado de la frase se ha agregado para enfatizar la implicancia de lo propuesto por los autores.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

chojesus

Poesias y pensamientos

El Quinto Patio

Mi espacio personal, la dimensión de mi pensamiento crítico. Nada del otro mundo...

la llaga

POESIA EXPUESTA

Ciencias Libertarias

Cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza de la humanidad, tiene su origen en el conjunto del trabajo manual y cerebral, pasado y presente. Entonces, ¿qué derecho asiste a nadie para apropiarse la menor partícula de ese inmenso todo y decir: «Esto es mío y no vuestro»? Piotr Kropotkin

El Quinto Patio

Un vistazo a la realidad, en pocas palabras...

A %d blogueros les gusta esto: