Terrorismo de Estado: Cuando el monopolio del uso de la violencia como coacción física se extrema bajo una lógica de la racionalidad/irracionalidad sistematizada.

El Estado como tal, surge junto a los ideales modernos de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, enarbolados en el proceso de la revolución francesa, como sustitución del antiguo régimen de poder ejercido por la monarquía; en virtud del cual, se establece el cuerpo del derecho y surgen la nociones de ciudadanía y sociedad civil, al mismo tiempo que se rescata el valor político de la antigua democracia griega. Pero, ¿Cuál es la función del Estado y dónde se fijan sus límites?, ¿Cómo actúa y sobre quiénes?, ¿De qué depende su estabilidad y cómo se articula su rango de acción?, ¿Cómo se establece su razón de ser y de qué modo esta se legitima? En pocas palabras, ¿Qué es el Estado y qué implica su existencia?

Si bien el Estado ha pasado por un complejo proceso de transformación desde sus inicios hasta la estructura y forma que conocemos hoy, o que está más ampliamente difundido (especialmente en el mundo occidental), y cada una de sus etapas tienen relevancia de sobra para ser analizadas; resulta gravitante para el análisis del fenómeno de terrorismo de Estado, antes enunciado, poner el mayor énfasis en sus últimas etapas, por cuanto es en estas que se producen las lógicas que le son propias e indispensables para tal fenómeno. Alrededor del siglo XVI, según lo expuesto por Michel Foucault, (Foucault, 2007) el Estado es claramente identificable por ciertos aspectos fundamentales que guardan relación con la razón de Estado.

Un primer aspecto propio de aquella, consiste en que el Estado se define como una realidad específica y autónoma, lo cual supone que el gobernante debe considerar una serie de normas que están por encima y por fuera del mismo (divina, moral, natural, etc.) pero no regirse por ellas ni cumplir un rol ligado a estas. “El Estado no es ni una casa, ni una iglesia, ni un imperio” (Foucault, 2007, pág. 20) Luego, se sigue que el Estado tiene una existencia por y para sí mismo y en plural, como Estados. Esta se materializa en una serie de maneras de gobernar, como el mercantilismo, producto del cual es posible establecer tres aspectos diferenciables en su funcionamiento. “en primer lugar, el Estado debe enriquecerse mediante la acumulación monetaria; segundo, debe fortalecerse por el crecimiento de la población; y tercero, debe estar y mantenerse en una situación de competencia permanente con las potencias extranjeras.” (Foucault, 2007, pág. 21)  Un segundo aspecto derivado de esta razón de Estado, guarda relación con la gestión interna, o también más conocida como Estado policía y como tercer aspecto, la constitución de un ejército y diplomacia permanentes. (Foucault, 2007)

Sin embargo, la forma en que el Estado se comporta en cada una de estas esferas (mercantilismo, Estado policía, balanza europea-actualmente relaciones internacionales-) no responde a la misma lógica. Si para enfrentar a los otros Estados, es decir, en torno a su política exterior, es limitado (cada Estado debe autolimitarse, defendiendo su soberanía, pero sin aspirar a volverse un imperio) contrariamente, en su política interior, la razón de Estado conduce mediante el Estado de policía, a un accionar ligado a una serie de objetivos ilimitado. “La limitación del objetivo internacional del gobierno según la razón de Estado, la limitación en las relaciones internacionales, tiene por correlato la ilimitación en el ejercicio del Estado de policía. (Foucault, 2007) Lo cual incide en la intervención de los aspectos más ínfimos de la vida de las personas.

Por otra parte, Max Weber, reafirma la famosa frase expuesta por Trotsky “Todo Estado está fundado en la violencia” (Weber, 1992, pág. 88), para explicar que “El Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio-el «territorio» es un elemento distintivo- , reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima.*” (Weber, 1992, pág. 88) Lo cual implica que para cualquier otro individuo o asociación de estos, la violencia que pueden ejercer es estrictamente aquella que el Estado permita. En palabras de Weber, “Él es la única fuente del «derecho» a la violencia.” (Weber, 1992, pág. 88) A esta definición, cabría agregar aquella propuesta por O’Donnell, donde señala que “El Estado es, fundamentalmente, una relación social de dominación; o dicho con más precisión, un aspecto –y como tal solo comprensible analíticamente- de las relaciones sociales de dominación.” (O’Donnell, 1978) agregando que, “El Estado apoya y organiza estas relaciones de dominación por medio de instituciones que suelen gozar de un monopolio de los medios de coerción dentro de un territorio definido, y que generalmente se considera que tiene un derecho legítimo a garantizar el sistema de dominación social.” (O’Donnell, 1978, pág. 3)

Entonces cabría preguntarse qué hace que la ciudadanía obedezca consintiendo a esta distribución del poder diametralmente asimétrica, legitimándolo. Una respuesta posible la brinda el contractualismo. Según Thomas Hobbes (Godoy, 1986), bajo un estado de naturaleza, los hombres se inclinarían hacia la manifestación de la guerra del todos contra todos, por cuanto las necesidades de dominación de unos sobre otros en vistas de la obtención del poder y la seguridad, impediría la obtención de un grado mínimo de armonía o paz, a falta de un ente interventor que dirima y ordene la vida de los hombres. Esta función es ejercida por el Estado, bajo la forma de un contrato social entre este y la ciudadanía, donde esta última acepta someterse obedientemente al Estado, dejando de lado su libertad, a cambio de la protección y seguridad que este le otorga en la ejecución de sus funciones, bajo un estado artificial de cosas.

Ahora, por cuanto la relación Estado-ciudadanía se basa en un contrato social, este implica también ciertas condiciones que permitan su legitimidad, como aquellas que otorgan la democracia, el sistema de partidos y la alternancia política. Al respecto, Castoriadis (1995) propone una categórica distinción entre la democracia como mero procedimiento y como régimen, por lo que termina denominando a las democracias occidentales modernas como pseudo democracias al compararlas con la noción de democracia de la antigua polis griega: el gobierno del pueblo** (Coppedge, y otros, 2011, pág. 248). Pero, aún así, basándonos en esa pseudo democracia, procedimental y vacía, en lo que se ha convertido hacia nuestros días, es indispensable establecer una definición mínima que permita diferenciarla de otras formas de gobierno.

En esta dirección, el tipo de democracia que ha preponderado en occidente, según Zakaria, (1997) es la democracia liberal, es decir, un sistema político marcado por elecciones libres y justas, pero también por el régimen de la ley, la separación de los poderes del Estado, así como, la protección de las libertades de expresión , reunión, religión, y propiedad. Y aunque existen numerosas y distintas formas de aplicación de la democracia moderna, algunos focos de discusión se centran en si esta es participativa, (de suma escases) es decir, heredera de la democracia directa de la experiencia de Atenas, donde priman las formas variadas de participación ciudadana (asambleas, primarias, movimientos sociales, reuniones de alcaldía etc.)* (Coppedge, y otros, 2011); o representativa, que se basa en la elección de representantes, aunque en torno a esta, otros autores como O’Donnell (1994) trabajan la distinción entre democracia delegativa y representativa, en cuanto a los mecanismos (tanto verticales como horizontales) que esta última tiene para la otorgación de rendición de cuentas de los funcionarios de cargos públicos.

Sin embargo, la descripción que el mismo autor hace en trabajos anteriores, respecto de la interrupción en la democracia que produce el Estado burocrático-autoritario, resulta altamente relevante para el análisis propuesto. En ella, siguiendo la tradición marxista, explica que el Estado democrático, como tal, en un régimen capitalista, “…mantiene y estructura la dominación de clase, en el sentido de que esta dominación está enraizada, principalmente en una estructura de clase que, a su vez, tiene su fundamento en la operación y reproducción de las relaciones capitalistas de producción.” (O’Donnell, 1978, pág. 3) y propone que hay dos formas procedimentales que se establecen como mecanismos de legitimación del Estado mediante la democracia: por un lado, la igualdad abstracta de los sujetos, en la aplicación del sufragio universal, lo que justifica que el régimen se basa en el consentimiento ciudadano y luego, el derecho de recurrir a instancias de protección jurídica regulada frente a los actos arbitrarios por parte de las instituciones del Estado. (O’Donnell, 1978) Esto en términos generales.

Ahora, una vez quebrantada esta,  y al referirse a este Estado burocrático autoritario, expone como características que es garante y organizador de la dominación ejercida, donde la base principal del Estado es una alta burguesía con características oligopólicas y trasnacionalizadas; con instituciones donde el peso está puesto en los especialistas en la coerción y la normalización de la economía; con un sistema de exclusión política (de un sector popular antes activo) sometido a controles estrictos que lo saquen del campo de acción política; con la consecuente supresión de la ciudadanía; junto a la exclusión económica del sector popular y la despolitización de los problemas sociales. (O’Donnell, 1978) También hace hincapié en los efectos de este tipo de régimen político en la legitimidad del Estado mismo. En sus palabras, “…solo puede ser legitimado si parece residir en referentes externos a cuyo interés general se supone que sirven las instituciones estatales. Normalmente estos referentes externos son la nación, conjuntamente con la ciudadanía y el pueblo…” (O’Donnell, 1978, pág. 5)

Luego, si bajo un régimen democrático, con sistema de partidos y alternancia política; sujeto a sistemas institucionales de supervisión procedimental y mecanismos que incorporen algún grado de participación ciudadana en vistas de su legitimidad; el Estado encarna esta institución de instituciones, poseedora del monopolio del uso legítimo de la violencia física como medio de coerción social, bajo una lógica de razón de Estado que le insta a la obtención de objetivos ilimitados en el ejercicio del Estado policía y la intervención de los aspectos más ínfimos de la vida de las personas; ¿Qué alcances puede tener estas atribuciones estatuidas bajo un régimen dictatorial, antidemocrático, como el descrito bajo la categorización de los Estados burocráticos-autoritarios?

El control y ejercicio de la violencia física como medio coercitivo, bajo estas condiciones “Excepcionales”, apeladas bajo el descriptor de Estado de excepción que existe como figura legal en muchas de las constituciones de los Estados Nación, permite la anulación o suspensión de derechos humanos universales y fundamentales; y muchas veces se convierte en el resquicio legal bajo el cual se perpetra un golpe de Estado que da paso a la dictadura o Estado autoritario. Según Dietrich, “El concepto de Estado de excepción se basa en el supuesto de que, en algunas situaciones de emergencia política, militar o económica, el régimen de limitación y equilibrio de poderes, propio de las reglas de juego constitucionales, tenga que dejar vía libre a un poder ejecutivo más fuerte, e incluso al ejército.” (Dietrich, S/A) Lo que incluso puede conducir a lo que Agamben ha denominado el estado de excepción como paradigma de gobierno, lo que implicaría que “…la declaración del estado de excepción ha sido sustituida de forma progresiva por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica habitual de gobierno” (Agamben, 2004) Lo cual implica a su vez, que el fenómeno analizado podría presentarse en otras formas de gobierno diferentes a una dictadura o estado burocrático-autoritario, a decir, en plena democracia.

Luego, bajo estas condiciones excepcionales y sus libertades y atribuciones, no hay cabida para el control del accionar por parte del Estado y al mismo tiempo, toda la institucionalidad que cumplía esta labor, vuelca su utilidad hacia el control de la población y de los posibles actos de rebelión o subversión consecuentes de un gobierno y un Estado deslegitimado. Sin un límite al accionar del Estado, que cuenta a su haber con la posibilidad de aplicación de las policías e incluso del ejército como medios de fuerza física que ejerzan suficiente coerción, el resultado es abrumadoramente peligroso y capaz de alcanzar niveles insospechados de violación sobre los derechos humanos, en total impunidad, incluso sistematizando su aplicación.

Existe una amplia documentación acerca de los tipos de violaciones de derechos humanos, los índices de su aplicación y consecuentes efectos en la población, especialmente para algunos de los casos latinoamericanos. (Kordon, Edelman, Lagos, & Kersner, 2005; Lira & Castillo, 1991)  Y ha existido sumo cuidado en denominar a este proceder por parte del Estado como terrorismo de Estado, sin embargo, algunos autores frente a estos mismos fenómenos estudiados, no han vacilado en denominarlo así. (Guinsberg, 1987)

Por otra parte, esta aplicación sistematizada del ejercicio de la violencia física, como queda claro en la descripción de O’Donnell, antes mencionada, se aplica y ejerce sobre una fracción determinada de la población a la cual se pretende retirar de la arena política, lo cual implica que su misión, como acción racional con arreglo a fines, con un claro sentido mentado de la acción (Weber, 2008), no se limita al exterminio de esta fracción (en muchos casos esto resulta inaplicable) sino a la atemorización, es decir a la producción de terror, producto de esta aplicación sistemática y de la impunidad en que queda reducida la experiencia.

Si bien este miedo producido bajo regímenes que ejercen estas prácticas, no es tan fácil de diagnosticar y analizar, bajo la mirada de autores como Lechner, aún cuando este miedo queda en muchos casos disfrazado y trasvasijado su sentido, hacia otras problemáticas como la delincuencia; es posible su observación en la clara disminución de la participación política, el rechazo a todas las actividades vinculadas a esta y una inercia política asociada a una despolitización, donde además se produce un volcamiento del interés social hacia el consumo. (Lechner, 1990) En vistas de todos estos antecedentes cabría agregar la pregunta ¿Existe como tal un terrorismo de Estado?

Según Rafael Serrano, “El término terrorismo no tiene una definición jurídica formalmente acordada en el ámbito internacional. A pesar de ello, las más variadas definiciones que se han podido identificar –jurídicas o no- tienen como puntos recurrentes la violencia con un propósito político o social, así como el intento de intimidar y dirigir el acto a civiles o no combatientes.” (Serrano, 2003, pág. 355) Según Mkhondo, citado en Serrano (2003) a diferencia de la delincuencia común, donde existiría un agresor y una víctima, aquí se requiere una tercera parte que pueda ser intimidada por lo que le pasó a la víctima. Parte de la lucha ideológica por la definición de terrorismo ha conducido a este resultado inconcluso, debido a que por una parte “…los líderes de las economías desarrolladas estaban tensos por definir un terrorismo que incluyera el concepto de ‘Estados terroristas’, [y por otra] los representantes de los países del tercer mundo estaban inquietos de una definición que pusiera un mayor peso sobre ciertos participantes, no pertenecientes al Estado, sin diferenciar entre el terrorismo, propiamente, y una lucha de clases por la liberación nacional.” (Serrano, 2003, pág. 360)

Sin embargo, por mucho que no exista esa consensualidad u acuerdo global, resulta argumentable a la luz de los antecedentes entregados y aquí analizados, que es perfectamente aceptable bajo una lógica imparcial, establecer que ante la 1) Aplicación sistemática del uso monopólico de la violencia por parte de un Estado, sea mediante policía, ejercito, u otras instituciones (inteligencia, gendarmería etc.); 2) sin ningún tipo de ente interno o externo que la regula y controle; 3) sobre un grupo específico de la población; 4) con la finalidad intencional y estratégica de atemorizarla y retirarla de la arena política; 5) atentando contra sus derechos humanos fundamentales; es aquí y ante nuestra mirada, evidentemente, terrorismo de Estado.

Marcuse, en el hombre unidimensional, desde una perspectiva marxista, nos dice respecto al sistema capitalista y a los ánimos de la sociedad del desarrollo por mostrar sus beneficios y motivaciones, cuando son contrapuestas frente a la miseria que le es consecuente, que “…su pomposa racionalidad, que propaga la eficacia y el crecimiento, es en sí misma irracional.” (Marcuse, 1985) Frente al desenvolvimiento de hechos de esta magnitud, que siempre encuentran una explicación del todo racional y argumentativa, resulta inminente la aplicación de la misma lucidez para evaluar, al modo de los autores herederos de la escuela de Frankfourt, la irracionalidad en la racionalidad. Como consecuencia de ello, no solo deslegitimar este tipo de accionar desde el Estado, sino que acusarlo y bajo las categorizaciones y el peso que estas conllevan, esgrimir los modos de combatirla.

Finalmente , resulta gravitante en términos de la distribución del sentido y significación que adquieren bajo su utilización los conceptos, la apropiación del lenguaje que permite poner en su lugar y respondiendo al sentido común, cuando este se basa en información adecuada, arrebatando su uso monopólico a la institucionalidad. Dicho de otro modo, hay distintos espacios de uso monopólico que inciden en la obtención y mantención de los distintos regímenes de poder, por lo que, resulta de suma relevancia la lucha por estos. Y así como uno de ellos es el del uso de la violencia física legítima, también lo es el estado de dominio sobre el lenguaje que articula el sentido de interpretación del mundo, y más específicamente para el caso, del reparto del sentido del lenguaje en torno a lo político. En palabras de Foucault, (1992, pág. 3)“…el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse.” y por lo tanto, insisto, es indispensable, llamar terrorismo de Estado a este proceder racional/irracional, aún cuando y sobre todo porque, se trata del Estado.

 

Bibliografía

Agamben, G. (2004). Estado de excepción (homo sacer II, 1). Valencia: Pre-textos.

Castoriadis, C. (1995). La democracia como procedimiento y como régimen.

Coppedge, M., Gerring, J., Altman, D., Bernhard, M., Fish, S., Hicken, A., y otros. (2011). Conceptualizing and Measuring Democracy: A New Approach. Perspectives on Politics , 247-267.

Dietrich, K. (S/A). Estado de derecho. Recuperado el 27 de 08 de 2012, de Universidad nacional autónoma de México: http://www.economia.unam.mx/sua/site/materia/sem1/histo1/archint/edoe.doc

Foucault, M. (1992). El orden del discurso . Barcelona: Tusquets Editores.

Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica Argentina.

Godoy, O. (1986). Selección de Escritos Políticos de Thomas Hobbes. Estudios Públicos , 1-38.

Guinsberg, E. (1987). Salud mental, paz y terrorismo de Estado. Nueva sociedad , 661-674.

Kordon, D., Edelman, L., Lagos, D., & Kersner, D. (2005). Efectos psicológicos y psicosociales de la represión política y la impunidad. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

Lechner, N. (1990). Los patios interiores de la democracia, subjetividad y política. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, Chile.

Lira, E., & Castillo, M. I. (1991). Psicología de la amenaza política y del miedo. Santiago de Chile: ILAS Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos.

Marcuse, H. (1985). El hombre unidimensional. Barcelona: PLaneta-Agostini.

O’Donnell, G. (1994). Delegative Democracy. Journal Of Democracy , 55-69.

O’Donnell, G. (1978). Las tensiones en el Estado burocrático-autoritario y la cuestión de la democracia. Documentos Cedes , 1-36.

Serrano, R. (2003). El terrorismo y el derecho internacional. Anuario mexicano de derecho internacional , 353-373.

Weber, M. (1992). La ciencia como profesión y la política como profesión. Madrid: Espasa Calpe.

Weber, M. (2008). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Barcelona: Grup Editorial 62 S.L.U., Ediciones península.

Zakaria, F. (1997). The Rise of iliberal democracy. Foreign Affairs , 22-43.


* Las negritas fueron puestas para reemplazar las cursivas del autor, debido a las características de la cita.

** Traducción propia.

* Traducción propia.

Anuncios

2 comentarios (+¿añadir los tuyos?)

  1. dennis alvareo
    Nov 16, 2012 @ 14:37:06

    Las ONGs de Peru estan participanfdo en la corrupcion especialmentre en la selva de madre de dios donde el lucro por el oro y la cocaina es cada vez mas el lucro que esta corrompiendo a este pais. En esta corrupcion se ha encontrado envolucrados congresistas los periodistas los regidores y los fiscales y por lo mas comun es al participacion de los policas ya que son zonas prohibidas para el trabajo de la mineria por la biodiversidad y por los grandes bosques pero el oro y la cocaina ha hercho que nadie repete esta selva y los permisos para trabajar estas zonas lo han expédido estas autoridades y los que se encargan de exportar el oro y la cocaina de esta selva son las ONGs son ellos quienes contactan a los compradores.Asi participan las ONG en la corrupcion del peru.

    Responder

    • coteavello
      Nov 18, 2012 @ 18:23:12

      Muchas gracias por tu comentario. La verdad no manejo esta información de la participación de las ONGs en procesos de corrupción tan lamentables. Sí, tengo información de lo que ocurre actualmente y desde hace mucho tiempo en diversas zonas selváticas del continente, ricas en vegetación y biodiversidad, pero también ricas en oro u otras especies extraibles, donde los nativos son masacrados, asechados permanentemente y se forman verdaderas mafias en torno a esta situación. Sería interesante, si es que tienes algún documento o reportaje que de cuenta de esta situación, me lo compartas, para así difundirlo y hacer más visible esta situación tan aberrante. Saludos fraternos.

      Responder

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

chojesus

Poesias y pensamientos

El Quinto Patio

Mi espacio personal, la dimensión de mi pensamiento crítico. Nada del otro mundo...

la llaga

POESIA EXPUESTA

Ciencias Libertarias

Cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza de la humanidad, tiene su origen en el conjunto del trabajo manual y cerebral, pasado y presente. Entonces, ¿qué derecho asiste a nadie para apropiarse la menor partícula de ese inmenso todo y decir: «Esto es mío y no vuestro»? Piotr Kropotkin

El Quinto Patio

Un vistazo a la realidad, en pocas palabras...

A %d blogueros les gusta esto: